Las campañas están al máximo. Estamos a tres semanas de que el electorado confirme ante la urna su voluntad de escoger entre dos grandes proyectos de nación. Transita, con ventaja considerable, en cuanto a intención del voto, el partido más beneficiado en el 2018, que aspira a obtener una mayoría simple o calificada que le permita, en conjunto con sus aliados, asegurar el control político de San Lázaro. Resultados en contra, a lo que le apuesta la reacción, nunca hay que descartarlos.
Oaxaca está incluido en el corredor abiertamente favorable al presidente, con otras entidades que van del golfo al pacífico, pasando por el centro, con efectos oscilantes en estados del norte o del sur sureste, de acuerdo como vaya el pulso por las gubernaturas. Los que salieron adelante, no han mantenido el paso triunfador que se les vaticinaba, mientras los que iban atrás, de acuerdo con analistas y casas encuestadoras, se han ido reposicionando al grado que, a estas alturas, no puede asegurarse que ya esté decidida la votación en los 15 estados. Aparte de esto, hay intensa competencia en torno a las presidencias municipales donde los mañosos se valen de todo: guerra sucia y desinformación. Algunos equipos no vislumbran que la batalla se define en la movilización electoral, más que en la propaganda o en los actos masivos.
Han pesado en el curso de la competencia, cambios inesperados en Guerrero y Michoacán, donde han debido de cambiar de jinete a mitad del río, debido a la intromisión abierta del INE que está decidido a jugar un papel protagónico para retardar los cambios una vez que advierten que, cuando concluya la elección, sobrevendrá una reforma electoral que impacte en el arbitraje para que no existan más ciros y lorenzos que, valiéndoles muy poco el honor y la decencia, han preferido ponerse del lado equivocado de la historia.
Un elemento que sigue causando preocupación, por más acuerdos que se suscriban, es la frenética actividad criminal que lo mismo sacrifica y cobra vidas de aspirantes a alcaldes y legisladores que a operadores políticos, como si el partido de la delincuencia estuviera más activo que nunca. Este peligroso ingrediente inhibe la participación de la gente y causa dolor e indignación, permitiendo que los perversos culpen de todo lo que ocurre al poder ejecutivo, eximiendo a los poderes locales y municipales.
Otro tanto sucede entre aspirantes que practican rounds de sombra con el poder central que, de su lado, en el ejercicio de sus derechos, juega a contra golpe de actores políticos, abiertos y embozados, que lo quieren ver fuera de palacio.
No lo van a lograr, por la fuerte popularidad que el presidente sigue teniendo entre la gente, que mucho contará en los resultados, mismos que beneficiarán, de nuevo, a las y los oportunistas que hallaron condiciones para cambiarse de camisa y jurar lealtades falsas, sin que les preocupen antecedentes o comportamientos indebidos. Faltos de ideas y escrúpulos, hay algunos que, al comenzar un discurso, hasta llegan a preguntar: ¿A qué partido dicen que pertenezco?
Esta semana, desde el Congreso del Estado, fue lanzado un obús, que flota en el aire, en espera de consensos y voluntad política, respecto a la homologación de la elección de gobernador con las elecciones presidenciales de 2024, reforma que obligaría a un mandato de dos años del poder ejecutivo estatal, así como la creación de un nuevo tribunal de justicia electoral, nueva ley electoral y de participación ciudadana, y ley de sistemas normativos indígenas, entre otros.
Dicha reforma puede traer cosas positivas para el futuro de la entidad, en todos los órdenes, pero particularmente en el ahorro de gastos que por cientos de millones se ejercen en cada elección. Ahí está la propuesta que se analiza en los muros del poder legislativo. Pero como todo lo político causa efectos, poner en la mesa el tema puede elevar más los calores de mayo. Como dicen en el Istmo: ¡Ay nana!
@ernestoreyes14
