La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó las agresiones cometidas contra periodistas que cubrían una marcha de estudiantes normalistas, así como los daños ocasionados a comercios y ciudadanía en general en la capital oaxaqueña, en lo que fue una jornada que dejó pérdidas materiales, económicas, pero, sobre todo, un sentimiento de indefensión social.
El organismo defensor de los Derechos Humanos señaló que garantizar la libertad de manifestación es un requisito fundamental para la construcción de sociedades democráticas, sin embargo, este derecho tiene que desarrollarse de manera pacífica y respetar los derechos de terceros, para que no pierda su legitimidad.
La DDHPO señaló que la violencia en contra de comunicadores, comercios y personas, además de vulnerar distintos derechos, polariza a la sociedad y la divide, aunado a que rompe uno de los elementos fundantes de toda sociedad humana: la de no extinguir un derecho en la exigencia de otro.
Asimismo, respecto a los agravios que sufrieron al menos dos periodistas, de quienes se omiten generales por protección a su persona, la Defensoría informó que, con estos casos, son 11 los expedientes abiertos relacionados con violaciones a los derechos humanos de periodistas, registrados tan solo en este 2021.
La institución autónoma agregó que las agresiones contra las y los comunicadores dañan a toda la sociedad que se informa a través de ellos, por lo que estos hechos representan un perjuicio colectivo.
La Defensoría reiteró que cualquier agravio en contra del gremio periodístico es injustificable, pues el periodismo es concebido como la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento.
Por ello, es fundamental que el Estado garantice el acceso a la justicia en los casos de agresiones a las y los comunicadores, ya que de lo contrario se manda un mensaje de permisividad e impunidad de estas acciones.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, informó que de 2015 a 2021 ha iniciado 284 expedientes de queja relacionados con agresiones contra periodistas, siendo los derechos más violentados, el derecho a la libertad de expresión, prensa y opinión, el derecho a la legalidad, igualdad ante la ley y no discriminación, así como a la seguridad jurídica.
Durante el 2021 la Defensoría ha abierto 11 expedientes relacionados con agresiones a periodistas, además las autoridades más señaladas son los ayuntamientos, las policías municipales y la Fiscalía General del Estado.
