Las calles y plazas de Colombia se han vuelto a llenar este viernes de manifestantes cuando se cumple un mes del inicio de las protestas por el descontento social y político de buena parte de la población, jornada que volvió a estar teñida por la violencia y al menos tres muertos en la ciudad de Cali.
Mientras en muchas partes del país la sexta jornada de paro nacional transcurrió sin incidentes y de forma festiva, con conciertos, bailes y las usuales arengas, en Cali, convertida en epicentro de este primer mes de protestas, la violencia ha vuelto a tomar algunas calles.
Enfrentamientos entre civiles
“Esta situación ha ocurrido entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar”, informa Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, al referirse a los tres civiles muertos hoy. Los crímenes fueron cometidos en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, y uno de los lugares donde se han vivido las escenas de mayor violencia en las últimas semanas.
Un miembro de la “Primera Línea”, como se conoce a los jóvenes que se sitúan con escudos en la parte delantera de las movilizaciones, contaba a los medios que un hombre al que le fue impedido el paso en un punto de bloqueo sacó un arma y comenzó a disparar contra quienes estaban allí. Eso desató un enfrentamiento en el que, según el testigo, el hombre, que era miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, siguió disparando mientras las demás personas que estaban ahí le arrojaron piedras y le golpearon hasta acabar con su vida.
“Fue un funcionario adscrito al CTI quien, de acuerdo a la información recopilada hasta este momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, explica el fiscal general, Francisco Barbosa, quien confirma que el agresor, llamado Fredy Bermúdez Ortiz, no se encontraba de servicio hoy. Algunas personas han denunciado que desde hace varios días circulan en Cali panfletos que acusan a quienes bloquean las vías de ser miembros de las disidencias de las FARC y de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o del Ejército Popular de Liberación (EPL), y les dan 48 horas “para abandonar sus filas”.
Además de incluir varios nombres propios, los panfletos amenazan a estudiantes universitarios, a la población indígena, a defensores de derechos humanos y a sindicatos de izquierdas, declarándolos “objetivo militar” y alegando que “pagarán por sus actos”. No es la primera vez que se viven enfrentamientos entre civiles en las protestas, puesto que el pasado 9 de mayo varias personas atacaron a personas indígenas en un barrio de Cali alegando que estaban saqueando viviendas, dejando ocho heridos.
Varios hombres armados también dispararon desde un vehículo a manifestantes en la ciudad de Pereira el 5 de mayo, causando la muerte al joven Lucas Villa y heridas a dos más. Según la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han ocurrido 60 muertes en el marco de las protestas, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública.
Música y calma
También ha habido enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la localidad de Madrid (Cundinamarca), dejando varios heridos, y en Popayán, en el sur, donde encapuchados lanzaron bombas incendiarias contra la Alcaldía. Estos disturbios chocan con la festividad que ha reinado en las diversas convocatorias en Bogotá.
El Parque Nacional, uno de los puntos de encuentro de las protestas en la capital, se llenó de música en un concierto de los artistas Doctor Krápula y Adriana Lucía, con un millar de personas coreando “¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?”. “La música, en una protesta social como esta, es sanadora, conciliadora, también es combativa e invita a la gente a que no renuncie”, afirma Mario Muñoz, cantante de Doctor Krápula.
“La gente que está saliendo a marchar es gente que está cansada, gente trabajadora, son madres, son hijos, son hermanos cansados de una situación adversa donde no hay garantías de educación, de salud y donde la plata se invierte en armamento”, añade el músico, que resume el momento como “una bomba social que estamos viviendo desde hace mucho tiempo”.
Un mes de descontento social
Las protestas comenzaron el 28 de abril contra la ya extinta reforma tributaria, pero continuaron con un sinfín de reclamos como acabar con la violencia policial, los asesinatos machistas o de líderes sociales, la pobreza y la necesidad de una renta mínima.
Durante las dos primeras semanas las multitudes tomaron las calles céntricas, pero en los últimos días las protestas se han trasladado a barrios más populares como el Portal de las Américas en Bogotá o Siloé en Cali, los más golpeados por la desigualdad y los efectos económicos de la pandemia.
En Colombia hay un “malestar porque los viejos fantasmas del pasado están reviviendo: el narcotráfico, la violencia, el desplazamiento forzado, la violencia partidista… todo lo que creíamos superado está reviviendo”, decía Miguel Ángel Espinosa un joven manifestante, que marchaba en Bogotá con una pancarta en la que reclamaba menos hambre y más educación.
“Necesitamos una nueva Colombia y necesitamos que la gente note nuestro mensaje”, agregó el joven que, como muchos otros, no se ve representado en las conversaciones del Gobierno con “los viejitos” del Comité Nacional del Paro. Las ONG que denuncian la violencia por parte de la fuerza pública aseguran que hay 866 personas heridas, 51 de ellas con lesiones oculares y 70 por armas de fuego. También hay centenares de desaparecidos, la Defensoría tiene activas 123 búsquedas de personas, pero organizaciones como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos asegura que falta por encontrar a 327.
Agresiones a fotógrafos
Varios fotógrafos que cubrían las manifestaciones de este viernes en Colombia, incluido uno de la Agencia Efe, fueron agredidos por la Policía y por civiles mientras realizaban su trabajo en distintas ciudades del país, según denunciaron organizaciones de prensa.
La Fundación para la Libertad de la Prensa ha documentado durante las manifestaciones 179 agresiones contra periodistas, de las cuales 64 fueron físicas, 34 amenazas, 15 obstrucciones al trabajo, 12 robos y eliminación de material, 11 hostigamientos, seis detenciones ilegales, siete negaciones de acceso a la información y 11 acciones arbitrarias en redes sociales. “Estas cifras sin precedentes demuestran la incapacidad del Gobierno de garantizar a la prensa las condiciones de seguridad necesarias para cubrir”, señaló la FLIP.
Fuente: El Diario
