La noche del miércoles 21 de julio, desplazados triquis de Tierra Blanca, Juxtlahuaca, vivieron horas difíciles cuando supuestos vecinos de San Pablo Etla y Hacienda Blanca, procedieron a desalojarlos del crucero que mantenían bloqueado hacía dos días para impedir la circulación vehicular, hecho que también generó reacciones en contra de quienes no podían transitar libremente.
La táctica de enfrentar a grupos contrarios y llegar después, a apoderarse de la situación con la presencia “disuasiva” de la fuerza pública, se ensayó de nuevo en este caso. Sin embargo, condujo a integrantes del MULTI a retornar a la mesa de negociación que se había abierto desde temprano, ante la Secretaría de Gobierno.
Es probable, como se ha denunciado, que simpatizantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) hayan tenido algo que ver en la riña. Tendrá que probarse. Lo grave es que en el intercambio de objetos – piedras, palos, cohetones- cuyos estruendos rompían la oscuridad de la noche, se reportaron personas lesionadas y disparos de arma de fuego de uno y otro bando. En las redes sociales se observaron imágenes preocupantes del nivel de agresión al que se llegó.
Los desplazados quieren asegurar, con estas protestas, un retorno seguro a su comunidad, de donde tuvieron que huir a partir de diciembre pasado, abandonando casas y terrenos, ante la imposibilidad de sobrevivir en esta “zona de guerra”.
Recupero un reportaje de la revista Contralinea, cuyos periodistas conocen muy bien, porque lo han vivido en carne propia, la alta conflictividad en esta micro región. Según informes, podrían ser entre 60 y 135 familias desplazadas que acusan al MULT de “crear violencia para mantener el control político en la región y recibir las mayores partidas presupuestales tanto federales como estatales”. Se habla, también, de medio millar de personas que no pueden volver a su tierra, si no es con el apoyo de la fuerza pública y las autoridades.
Desde el invierno, la gente salió expulsada hacia comunidades y pueblos vecinos, debido a “las agresiones y hostilidades que derivaron, incluso, en la pérdida de dos vidas humanas y agresiones al conjunto de la comunidad”, ha dicho el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encargado por el presidente López Obrador de atender este conflicto.
La situación se agravó a partir del 26 de diciembre, cuando empezaron los ataques en contra de quienes “en su mayoría están afiliados a la Confederación Nacional Campesina”, brazo rural del PRI. El temor los ha conducido a cobijarse en la organización enemiga del MULT, que es el MULTI.
Cuentan los periodistas que Tierra blanca se había mantenido al margen de las disputas armadas, como la que protagonizaron la Unión de Bienestar Social de la región Triqui y el MULT, producto de la cual el 27 de abril del año 2010, fue emboscada una caravana de paz causando la muerte de los defensores Alberta Cariño del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y Jyri Jaakola, observador finlandés.
Los hechos llegaron a oídos del presidente, quien ofreció intervenir y facilitar el regreso a casa de los desplazados. De entonces a la fecha, Encinas ha visitado la zona y mantenido conversaciones con funcionarios estatales y los grupos enfrentados, a fin de facilitar el retorno definitivo de los indígenas triquis, cosa que ha abortado en dos ocasiones ante el retiro de la seguridad pública y la reactivación de la violencia.
Este jueves, ante funcionarios estatales, se firmaron enésimas minutas, con la esperanza de que por fin ésta sea una salida definitiva. Sin embargo, como ya lo han expuesto sus representantes, la mesa de diálogo debe garantizar una paz real, duradera, no solo en discursos y firmas de documentos, sino en los hechos.
No vaya a ser, que después de todos los esfuerzos para facilitar el diálogo y la negociación, con la intermediación de servidores públicos federales y estatales, sea imposible lograr la restauración de la paz en una zona largamente olvidada de la atención nacional, que es objeto de noticia solo cuando se producen, como en este caso, hechos de violencia. El gobierno de López Obrador, pero también el de Alejandro Murat, tienen con la etnia triqui en su conjunto, no importa a la organización a que pertenezcan, una deuda pendiente en materia de desarrollo social y garantías de seguridad para todos, objetivo que hasta la fecha ha sido poco menos que imposible de alcanzar.
@ernestoreyes14
