-Desprecian la austeridad republicana
Integrantes de la LXIV Legislatura local, en su mayoría morenistas, se han resistido a probar reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), para la reducción de prerrogativas a partidos políticos.
Por el contrario existe un dictamen que pretende desechar dicho proyecto, emanado desde la sociedad civil y los propios legisladores.
Desde hace un año, en sesión ordinaria del pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso, fue enlistada en el orden del día la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25, apartados B y F de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Además del articulo 297 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Mientras que en septiembre del 2020 fue propuesto en el orden del día la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo y tercer párrafo, recorriéndose los párrafos subsecuentes de la fracción II, del apartado B del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Mientras que el 21 de octubre del 2020, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo y se adiciona un segundo y tercer párrafo, recorriéndose los párrafos subsecuentes a la fracción II, del apartado B, del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Pese a los intentos desde la sociedad civil y los propios diputados de Morena para bajar las cuotas de financiamiento de partidos políticos, con el cambio de las fórmulas, legisladores y legisladoras del partido de la esperanza de México se han negado.
De acuerdo a una de las iniciativas presentadas, el financiamiento de actividades ordinarias de los partidos políticos se calculará multiplicando el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal del estado por 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El 30 por ciento de la cantidad total que resulte de lo anterior, se distribuirá de manera igualitaria a las instituciones políticas y el 70 por ciento restante se repartirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de los votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.
Por lo que en el 2020 el monto total por concepto de financiamiento ordinario pudo haber sido de $66 millones 813 mil 643 pesos 0.93 centavos; es decir se hubiera contado con un ahorro de $89 millones 498 mil 006 pesos.
