En su primera sesión ordinaria, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones.
La legislación reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución para determinar la responsabilidad penal del presidente de la República y ajustar las disposiciones en torno al juicio político y a la declaración de procedencia de la cámara baja.
El nuevo ordenamiento abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y define los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, así como las causales y sanciones en el caso de juicio político.
La diputada de Morena, Lidia García Anaya, señaló que la impunidad es la mayor amenaza que pone en riesgo la solidez del Estado de derecho mexicano, por lo que con esta ley ya no habrá excusas, pues dotará de mayor certeza, claridad y congruencia a los procedimientos para llevar ante la justicia a quienes se les acuse y comprueben actos ilícitos desde el servicio público.
