Este viernes el fiscal para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dio a conocer que refutan la Verdad Histórica con hechos corroborados y pruebas contundentes, de lo que se hizo a una manipulación de una investigación, que desde un origen tuvo que dar con el paradero y conocimiento de lo que ocurrió con los 43 normalistas.
“Mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación, porque fue una averiguación previa hecha a modo: en primer lugar, todas las personas que fueron presentadas por la entonces PGR (Procuraduría General de la República), en diversas conferencias de prensa, como los autores materiales de la desaparición y ejecución de los 43 estudiantes, fueron exonerados por resolución judicial, por haber indicios suficientes de que fueron torturados”, explicó Gómez Trejo, luego de reunirse con los padres de los desaparecidos.
Dijo que diversos organismos internacionales señalaron que los indicios apuntaban a este hecho, “hoy, existe evidencia que sustenta que efectivamente, la tortura se utilizó de forma generalizada; en concreto, tenemos más de 40 videos, que fueron aportados a la investigación, por la colaboración que hemos recibido de otras dependencias y que muestran a funcionarios públicos interrogando de forma irregular y a través de tortura física o psicológica, a estos presuntos culpables».
Subrayó que estos videos se suman a declaraciones de testigos presenciales, documentales, declaraciones de víctimas y la realización de protocolos de Estambul, independientes, que corroboran no sólo la tortura, sino su encubrimiento por parte de la PGR y su sistematicidad.
“Es importante subrayar que dichas torturas, fueron sólo un instrumento más para fabricar pruebas y manipular evidencias, con el fin de defender una narrativa acotada y encapsulada al Basurero de Cocula y al Río San Juan, y que toda la responsabilidad recayera en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada”, subrayó.
Reiteró que la investigación que ha realizado la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, dista mucho de los procedimientos de los que realizó la entonces PGR (Procuraduría General de la República), cuya finalidad fue cerrar el caso, en tres días y no indagar a profundidad y dar certeza a las familias sobre el paradero de sus hijos.
Y lamentó que en estos días se cumplen siete años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que representa a la perfección la tragedia de miles de familias en México, donde no sólo la autoridad desapareció a un ser querido, sino que además le privó del derecho a conocer la verdad a través de una investigación diligente y del derecho a obtener justicia.
