La Fiscalía General del Estado (FGE) separó de su cargo al fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra vinculada al caso de Inés Gómez Mont y su espos Víctor Manuel Álvarez Puga.
Jorge Arnaldo Nava López fue separado de su cargo el pasado martes tras darse a conocer que enfrenta una orden de aprehensión por lo que Roberto Fierro, titular de la FGE, señaló que al tener pendiente un procedimiento legal, se decidió separarlo de su cargo para que atienda dicho proceso.
Fierro aclaró que la destitución de Nava López no tenía que ver con los cambios de titulares de las distintas áreas que se realizan al inicio de la nueva administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Galván Campos.
“Esta separación no tiene que ver con los cambios o ratificaciones de titulares de las distintas áreas en el análisis del funcionamiento actual de la Fiscalía”
El fiscal ha sido acusado, junto a otros diez funcionarios y exfuncionarios públicos por el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos, la orden de aprehensión fue girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
Entre los implicados se encuentran cinco altos mandos del sistema penitenciario federal del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales del organismo, y Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo revelado por medios nacionales.
El resto de las órdenes se giraron contra: Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla por su presunta participación en empresas que sirvieron para el desvío de recursos al otorgar contratos provenientes de OADPRS.
Las órdenes de aprehensión contra los diez acusados están relacionadas con el caso del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la presentadora Inés Gómez Mont, investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
