La muerte de José Eduardo Ravelo, presuntamente torturado, violado y asesinado a manos de policías en Mérida, Yucatán, supuso un antes y un después para un estado que siempre presumió de su tranquilidad. Las autoridades del estado hacen gala de una baja cifra de violencia en comparación con otros territorios y defienden a sus fuerzas de seguridad por sus tasas de aceptación, que superan el 70%.
Sin embargo, cifras obtenidas por Animal Político a través de una solicitud de transparencia revelan que aquel homicidio, perpetrado hace dos meses, solo es la punta del iceberg: en los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 1 mil 025 denuncias por tortura, una cada dos días.
“Es brutal lo que está pasando en Yucatán. La tortura es uno de los problemas más graves en relación a violaciones a los derechos humanos, y a pesar de la relevancia que tuvo el caso de José Eduardo, no han habido cambios en las autoridades”, dice Martha Capetillo, de la ONG Indignación, uno de los pocos colectivos que trataban en el estado.
Según datos de la la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la FGE de Yucatán, en los cuatro años transcurridos desde su creación se registraron 1 mil 025 denuncias por tortura.
En 2018 se abrieron 222 actas de investigación; en 2019, 426; en 2020, 220; y en lo que llevamos de 2021, 165. Estas cifras bajan si hablamos de actas que estén en etapa de investigación, ya que son 114 en 2018; 243 en 2019; 153 en 2020 y 158 en 2021.
De ellas, se tomó alguna determinación sobre 108 en 2018, 183 en 2019, 59 en 2020 y 7 este año. Aquí hay una incógnita, porque la FGE dice que se tomaron decisiones, pero no explica si se presentó ante un juez o se archivó. Martha Capetillo explica que en los dos últimos años no hubo una sola denuncia judicializada.
“Enfrentamos una crisis de derechos humanos, no solo por tortura sino por encubrimiento”, denuncia.
