*Colima, a Punto de Relevo y Cárcel *Peralta Quería Ocultar un Rosario de Transas
Argonmexico / Llegando y echando lumbre… A menos de dos semanas de que deje el gobierno de Colima, el priísta Ignacio Peralta intenta vender bienes y propiedades del estado, para cubrir un boquete financiero por 11 mil millones de pesos que heredaría a la morenista Indira Vizcaíno Silva; además, en los últimos 14 días su administración aumentó la deuda en tres mil millones de pesos.
En rueda de prensa ofrecida este lunes en la capital colimense, la gobernadora electa hizo un llamado al gobernador Ignacio Peralta para que se abstenga de continuar con esos procesos amañados que perjudican los bienes y las propiedades de las y los colimenses.
Incluso denunció que el cálculo de la deuda estatal aumentó a 11 mil millones de pesos, por lo que denunció el intento del gobierno estatal saliente de vender y concesionar algunos bienes a través de procesos amañados, que son patrimonio de las y los colimenses, para cubrir boquetes financieros.
Al informar los avances del proceso de entrega-recepción, Vizcaíno Silva detalló que si bien hace dos semanas se tenía identificada una deuda de alrededor de 8 mil millones de pesos, a la fecha es de 11 mil millones de pesos. Tan sólo en el sector salud hay una deuda de mil 400 millones de pesos.
“Me queda claro que la opacidad del proceso de entrega-recepción en el que se nos ha negado incluso información tiene que ver con ello, es decir, seguramente están intentando corregir, adecuar cosas y todo aquello que ya les resulte imposible cubrir, pues es lo que se está destapando en este momento. No sabemos aún hasta donde estaremos encontrando más sorpresas como estas”.
En tanto, la semana pasada se intentó reunir a un comité del gobierno estatal para, en un proceso amañado y sin cumplir con los tiempos que marca la ley, funcionarios peraltistas se proponían vender la exzona militar, cuyo terreno fue donado a Colima por la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Están intentando de última hora vender para poder cubrir boquetes financieros. También sabemos que está un proceso en el que se quiere entregar un terreno, propiedad del gobierno del estado en El Colomo, en Manzanillo, para hacer un pago al Ipecol”.
También fue detectado el desmantelamiento de la planta recicladora de residuos sólidos en Tecomán, pues trasladaron todo el equipamiento y la maquinaria al espacio del manejo de residuos sólidos de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, que fue concesionado a un particular.
Aunado a ello, de último momento y a quemarropa, se pretende crear un fideicomiso que garantice el pago de las labores del manejo de residuos sólidos que se hace en ese espacio, que pretende que cada mes tenga un fondo de reserva de 4 millones de pesos, a costa de las y los colimenses.
Igualmente, se pretende otorgar en concesiones a particulares tanto un espacio dentro del Palacio de Gobierno para que funcione como cafetería; así como otro en la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Morelos.
Pero las trapacerías de “Nachito” Peralta no acaban ahí, el equipo de colaboradores de Indira Vizcaíno se propone revisar con lupa cada una de las solicitudes que se han presentado ante el Instituto de Pensiones de Colima (Ipecol), porque hay personas que intentan su jubilación sin cumploir con los requisitos para ello, ya que apenas tienen entre 40 y 46 años de edad.
Anunció que en días pasados intentó sesionar el órgano que toma las decisiones del C5i para, con un documento prefechado que pretendían pasar por documentación del mes de septiembre, comprometer el ejercicio de un recurso público que aún no ha llegado al estado por casi 160 millones de pesos.
Ante todo, invitó al gobernador Ignacio Peralta Sánchez, para que se abstenga de continuar con estas acciones “que perjudican los bienes y las propiedades de las y los colimenses, porque se tiene una gran desconfianza del manejo que se pueda hacer de esas decisiones y de los recursos que se puedan recibir de las mismas”.
Hizo un exhorto a los funcionarios del gobierno del estado de las diferentes dependencias involucradas para que se abstengan de participar en esos procedimientos, “a todas luces irregulares e ilegales, que pueden acarrearles consecuencias legales también”. Llamado que hizo extensivo a los particulares que estén participando en estos procesos.
Para advertir tajante que, de concretarse estos actos, serán investigados a fondo para garantizar que cumplen con los requisitos legales y no existan cadenas de corrupción en los mismos. “Al gobernador le exigimos que cese de intentar vender el patrimonio de las y los colimenses; desde aquí le decimos que vamos a investigar y realizar las acciones legales en contra de los funcionarios que dañen y vendan el patrimonio de las y los colimenses, pero también de los particulares que sean cómplices y compren dicho patrimonio”.
A unos días de que termine “este régimen de corrupción de más de 90 años, de gobiernos insensibles de las últimas décadas”, repuso que en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay confianza de que en la medida que el gobierno entrante haga las cosas bien, contará con el respaldo del Gobierno de México.
Respecto al proceso de entrega-recepción, Marisol Neri León del equipo de Transición Colima, adelantó que darán puntual seguimiento a las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación en los ejercicios 2016-2020, que ordenó el reintegro de recursos a la Federación por cinco mil 314 millones 738 mil pesos, al no estar solventados en programas federales.
Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública únicamente hay 44 patrullas en servicio y otras 67 están descompuestas; mientras que en la Secretaría de Educación se detectó que en algunos convenios bipartitas (gobierno estatal-federal), el estatal sólo cumplió sus aportaciones en los primeros bimestres, no así en el resto. Esto ha generado deudas con trabajadores y proveedores.
Las autoridades del Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa (Incoifed) no han entregado la información completa de las obras ejecutadas. Y se detectaron empresas contratadas que no cuentan con el perfil para realizar determinada obra asignada, como marca la Ley de Obra Pública.
En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, han encontrado muchas obras inconclusas; mientras que en la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) el costo de la Planta de Tratamiento es muy elevado, por lo que se terminaría pagando un poco más de 2 mil millones de pesos, hasta 2044. Vaya, Nachito el caradura…
argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com
