Integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), acusaron de omisión e irresponsabilidad al gobierno del estado toda vez que no ha brindado la protección y medidas cautelares a los familiares de las víctimas mortales de la masacre del 2019.
Los militantes de la organización denunciaron que luego de que fueran asesinados cuatro indígenas chinantecos en “Cerro Caliente” en Santiago Jocotepec, perteneciente al distrito de Choapam, las autoridades los han abandonado a su suerte.
Expusieron que, aunque se ha logrado la condena en contra de los responsables de la emboscada, aún persiste el temor toda vez que los culpables se encuentran ligados al crimen organizado.
Precisaron que entre los asesinados se encontraba Gustavo Cruz Mendoza quien con antelación habría dado a conocer una serie de hostigamiento y amenazas en su contra, pero que las autoridades omitieron.
El gobierno del estado pasó por alto las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, manifestaron.
