Quienes buscan a las víctimas son madres y parientes, quienes además sufren persecución de criminales con respaldo de policías, reclaman. Además, el Gobierno se niega a investigar al Ejército en el caso de los 43, dicen padres en el encuentro en la Normal de Ayotzinapa. Por lo que piden que recomienden al Estado mexicano que se sigan las cuatro líneas de investigación que proponen para hallar a sus hijos.
Por: Zacarías Cervantes y Francisco Magaña
Chilpancingo, Guerrero, 19 de noviembre (ElSur).- Representantes de colectivos, de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales, además de familiares directos de víctimas de desapariciones en el estado, denunciaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la connivencia de autoridades de los tres órdenes de Gobierno con grupos delictivos, responsables de la desaparición de por lo menos 5 mil 300 personas en Guerrero.
La cifra, que dio a conocer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, es posterior a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre del 2014, cuando se comenzó a visibilizar el problema de las desapariciones por el crimen organizado.
Los integrantes del Comité de la ONU se reunieron en privado después del mediodía de ayer en la Parroquia Universitaria de San Pablo, al interior del Obispado de Chilpancingo.
La reunión privada es encabezada por el vicepresidente del CED, Horacio Ravenna.
Uno de los planteamientos, según el abogado, fue el tratamiento que ha dado el actual Gobierno federal al problema de las desapariciones. Foto: Cuartoscuro
Los enviados del organismo llegaron a México el pasado lunes en su primera visita al país y tienen como objetivo visitar 12 estados para reunirse con autoridades y víctimas e identificar los medios de enfrentar las desapariciones forzadas.
En la reunión, en la que participan cuatro expertos, serán analizados los crímenes de lesa humanidad para posteriormente derivar recomendaciones de los casos.
En la reunión, participaron con intervenciones los representantes de los colectivos que agrupan a los familiares de las víctimas en la entidad, además de los representantes de organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), así como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Consultados por separado, algunos de los que participaron en el encuentro que duró de las 12:30 a las 14:30 horas, informaron que plantearon a los enviados de la ONU, la falta de apoyo de los tres órdenes de Gobierno a los familiares para la búsqueda de los desaparecidos.
Les dijeron que, por el contrario, sufren criminalización y persecución mediante las mismas policías o grupos de paramilitares “disfrazados de policías comunitarios”, o de los mismos grupos criminales que operan con el respaldo del Gobierno.
Normalistas protestan junto a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Foto: Cuartoscuro
Una madre planteó que el único apoyo que reciben a veces del Gobierno es una pala, un pico y una camioneta para que vayan a buscar a sus familiares desaparecidos, “exponiendo nuestras vidas en los cerros”.
Los familiares de víctimas denunciaron que al realizar esa labor que le corresponde al Gobierno, se ponen en peligro no sólo ante los grupos del crimen organizado, sino también de las policías que están infiltradas por la delincuencia o de grupos de paramilitares tolerados por el Gobierno.
Por ejemplo, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, quien planteó el caso de la desaparición de su hermano Vicente, denunció que el Gobierno manda a vigilarlos en las búsquedas a grupos de paramilitares como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Una representante del colectivo Madres Igualtecas denunció a su vez, que en su colectivo han sido violentadas por las propias autoridades sólo porque a los colectivos los ven como “focos rojos” y por ello “nos prohíben buscar a nuestros hijos”.
Dijo que hay un sub registro de los casos de las desapariciones en Guerrero porque muchas familias se niegan a presentar las denuncias por temor a que saliendo de las oficinas de la Fiscalía o de los Ministerios Públicos los maten debido a que en muchos casos está implicado el mismo Gobierno.
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa durante su salida de Palacio Nacional luego de sostener una reunión con Andrés Manuel López Obrador en septiembre. Foto: Cuartoscuro
Denunció que los vínculos de la delincuencia organizada con el Gobierno se vieron, sobre todo, en el Gobierno estatal que acaba de terminar, al que le llamó “narcogobierno” y añadió que fue en este periodo cuando se incrementaron los casos de las desapariciones en la entidad.
Añadió que de tal suerte en este periodo de Gobierno “los familiares de las víctimas nos vimos a dos fuegos; por un lado nos enfrentábamos al Gobierno y por otro a la delincuencia organizada”.
Aseguró que de acuerdo con los registros de los colectivos, Guerrero es uno de los estados del país con más desaparecidos y que a nivel estatal Acapulco ocupa el primer lugar, el segundo Chilpancingo y el tercero Iguala.
A su vez, en un documento que entregó la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales, expuso que la desaparición forzada “ha sido históricamente parte de la estrategia de contrainsurgencia que los diversos gobiernos han utilizado a lo largo de la historia de Guerrero” y que ha sido “un método para reprimir y castigar a la disidencia política”.
Denunció que por ello las autoridades de los tres órdenes de Gobierno “sólo simulan que les interesa la solución del problema” mientras que, en los hechos, “se dedican a administrar el derecho a la verdad y a la justicia”.
Agregó que hay carpetas de investigación o averiguaciones previas que fueron iniciadas hace 10 o 15 años y que todavía no registran ningún avance.
Guerrero es uno de los estados del país con más desaparecidos. Foto: Cuartoscuro
En su escrito pide a los integrantes del comité de la ONU que se pronuncie y emita las recomendaciones correspondientes para que la Fiscalía Especializada en Materia de Desapariciones Forzadas y búsqueda de personas desaparecidas, “realmente funcione de manera autónoma”, para que desempeñe con eficacia su trabajo.
Leer más en Sin Embargo
