El esquema para el desvío de más de do mil millones de pesos por exfuncionarios del Gobierno local, entre 2017 y 2018, fue explicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En un mensaje a medios, el vocero de este organismo, Ulises Lara, detalló lo que hicieron.
La primera forma de operar o modus operandi 1, dijo, la encabezó el propio Miguel Ángel Vásquez, a pesar de que Capital Humano del Gobierno del Distrito Federal realiza por Ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta (ISR)”.
“Un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.
“Este grupo de servidores públicos está conformado por personas cercanas y de total confianza a Miguel Ángel, algunas de ellas con parentescos familiares y conocidos entre ellos mismos”, dijo.
En enero de 2021 fue asesinado Martiniano “N”, representante legal de dos de las empresas involucradas y no se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva.
En este caso, el dinero desviado fue de aproximadamente 986 millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso.
Las empresas cobraron el 20 por ciento de los recursos desviados, a cambio de ayudar en esta simulación.
“Este acto dio comienzo a una gigantesca operación de desvío de recursos, el dinero fue posiblemente entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel “N”, encargado del desvío, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores”, dijo.
En este caso, Julio César Serna, uno de los servidores públicos beneficiarios del Gobierno local, tiene su origen en este esquema de desvío.
El modus operandi 2 consistió en que el mismo grupo de funcionarios de total confianza de Miguel Ángel Vásquez, del área de Capital Humano, posiblemente realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de Gobierno.
“Este desvío de recursos se realizó a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno capitalino.
“El dinero desviado es de más de mil 100 millones de pesos, los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores”, dijo.
Los pagadores habilitados eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel Vásquez, mismo que autorizó la entrega.
Con ello dio inicio una nueva red de distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y de otros actores.
“De igual manera, parte del patrimonio de Julio César “N”, uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del Distrito Federal, posiblemente tenga su origen en este esquema de desvío”, señaló Lara.
Mientras que el tercer modus operandi es el de la Central de Abasto, donde Serna era administrador, realizó despojos de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para, posteriormente, venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero.
En la Central de Abasto celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.
“La Fiscalía detectó que los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza, no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.
“El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos”, informó el Vocero.
Se detectó que cuenta con un patrimonio de cinco inmuebles y un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México; además, se detectaron 14 propiedades, posiblemente relacionadas con él, ubicadas en la Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco, no incluidas en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
“A raíz del uso de estos recursos, las personas involucradas realizaron compras de diversos inmuebles y de distintos bienes de alta gama, cometiendo, posiblemente, delitos de los cuales la Fiscalía General de Justicia ya realizó diversas actuaciones ministeriales y judiciales que en su momento se darán a conocer”, concluyó.
