Aprobado en septiembre de 2019, fue detenido en Hacienda
A tres años de acciones aisladas, será el “mapa de ruta” de la administración de López Obrador
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 3 de enero de 2022.- El Decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se aprueba el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2021-2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2021, con el cual entra en vigencia, a más de tres años de haber iniciado la actual administración pública federal.
De acuerdo con un comunicado de la Conavim, el Programa tiene el objetivo de fortalecer las acciones encabezadas por la Secretaría de Gobernación, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Conavim. Está integrado por cuatro objetivos prioritarios, 14 estrategias prioritarias y 112 acciones puntuales.
El primer objetivo es disminuir las violencias contra las mujeres, mediante la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo; el segundo: promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas de violencia; el tercero: fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias competentes a nivel nacional, y el cuarto: impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado mexicano la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En el Decreto se indica que es un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero se trata del componente central —junto con el Sistema Nacional (coordinación institucional)— de la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que deben aplicar los gobiernos, federal, estatales y municipales, una vez que entren en funciones.
Pese a que en el artículo 39 de la ley establece que el “Ejecutivo Federal propondrá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa”, al igual que sucedió con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020 2024, los recursos para las acciones serán asumidos por las dependencias responsables y operativas.
El PIPASEVM, publicado en el DOF, indica que será “el mapa de ruta para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de erradicarlas, haga realidad el principio del PND ‘ofrecer a los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad’ y así contribuir a la construcción de una sociedad en donde las relaciones igualitarias sean una realidad, porque las mujeres merecen y tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y tienen derecho a ser felices”.
No obstante, este documento guía se emitió a 37 meses después de haber iniciado la gestión de López Obrador, un retraso mayor que el de las administraciones anteriores (el gobierno de Enrique Peña Nieto lo publicó a 16 meses de que asumió la presidencia de la república). La misma situación ocurrió con el Proigualdad 2020-2024, el cual también se definió como el “mapa de ruta” para la política de igualdad, pero se publicó en el DOF hasta el 22 de diciembre de 2020, con dos años de retraso en el cumplimiento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH).
En un comunicado del 18 de septiembre de 2019, la Conavim había informado que el PIPASEVM 2019-2024 fue aprobado en lo general por el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, durante su XVIII sesión extraordinaria. La titular de la Conavim y vicepresidenta del Sistema (cargo inexistente en el reglamento del Sistema —anteriores y vigente—) en ese entonces, Candelaria Ochoa Ávalos, indicó que, para la elaboración del Programa, se habían efectuado entre el 16 de agosto y el 9 de septiembre de ese año cuatro foros regionales de consulta en Oaxaca, Colima, Sinaloa y Naucalpan (Estado de México).
La anterior secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había expuesto que en el PIPASEVM “planteamos una coordinación focalizada y centralizada entre las instituciones, en estrecha colaboración con la sociedad civil y con organismos internacionales. Reconocemos su importancia y su contribución para dar respuestas que tengan impacto en la vida de las mujeres”.
Sin embargo, en sus primeros tres años, la administración del gobierno federal ha efectuado diversas acciones paralelas a lo que marca la Ley en la materia, sin indicadores precisos ni metas a mediano ni a largo plazo, las cuales no fueron mencionadas en el PIPASEVM publicado, como el Plan Emergente para Garantizar la integridad, la Seguridad y la vida de las Mujeres y las niñas en México, anunciado en marzo de 2019; la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, las Niñas y las Adolescentes que viven Violencia, mencionada meses después, o las acciones aplicadas por dependencias federales y gobiernos estatales como la Estrategia Puerta Violeta.
En cuanto al Sistema Nacional, si bien la Conavim ha reportado sus sesiones ordinarias y extraordinarias, durante la gestión de Sánchez Cordero se creó otra coordinación institucional no prevista en la LGAMVLV: el Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias (GIEV), el cual fue cambiado varias veces de nombre, sesionaba y daba informes mensualmente y era presidido por la misma titular de la Secretaría de Gobernación. Después de que Sánchez Cordero se incorporó al Senado, se desconoce si sigue funcionando.
En diversas actividades virtuales en las que participaba la titular actual de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, esta reportera le preguntaba por qué el PIPASEVM no se había publicado. En diciembre de 2020 contestó que estaban haciendo “muchas cosas” para que eso sucediera. Que la publicación del Proigualdad estaba a un paso y que el PIPASEVM estaba a tres. Otra respuesta fue que estaba detenido en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El PIPASEVM publicado no explica cómo se atenderá el retraso de su vigencia ni cómo se vincularán las acciones que ya se efectuaban para dar seguimiento puntual. Tampoco hay mención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, declaradas en diversos municipios del país, ni del Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres, publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en noviembre de 2021.
Las estrategias prioritarias del Programa para el objetivo 1 son a) promover acciones de prevención con el fin de modificar en la sociedad conductas estereotipadas que fomentan y toleran la violencia contra las mujeres y niñas, b) impulsar acciones en los procesos educativos para contribuir a erradicar los actos de violencia, c) impulsar acciones en los centros de trabajo que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres, d) establecer acciones de prevención de la violencia en el ámbito comunitario para generar espacios públicos seguros para las mujeres, e) impulsar acciones focalizadas a mujeres en situación de riesgo para prevenir la violencia en su contra.
Para el objetivo 2: a) reforzar la oferta de servicios de atención a mujeres y niñas y, en su caso, a sus hijos e hijas, para disminuir el impacto de la violencia en sus proyectos de vida, b) desarrollar un enfoque interseccional e intercultural en todos los servicios y niveles de atención para erradicar las prácticas discriminatorias hacía mujeres que viven violencia, c) fortalecer los servicios de los Centros de Justicia para Mujeres a través de la atención integral, especializada y multidisciplinaria.
Del objetivo 3: a) fortalecer los mecanismos de coordinación entre el sistema de procuración, administración de justicia y defensoría pública en la atención a las violencias, b) coadyuvar a garantizar la vigencia de los derechos humanos de las niñas y mujeres víctimas de violencia de género en los procedimientos de las investigaciones ministeriales y acceso a apoyos de fondos estatales de reparación del daño, c) establecer acciones de coordinación con el poder judicial para garantizar el acceso a la justicia a las de las mujeres.
Del objetivo 4: a) promover reformas del marco normativo que garanticen los derechos de las mujeres y niñas, b) generar información estadística que permita diseñar políticas para la erradicación de las violencias contra las niñas y mujeres, c) fortalecer la coordinación a través de mecanismos intersectoriales para lograr una interlocución eficaz.
