El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió el pasado 31 de diciembre cinco Acciontes Urgentes a favor de cinco desaparecidos en las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán, Oaxaca.
Con ellas solicita a México que ponga en marcha medidas para la localización de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios. Todos ellos desaparecieron en Oaxaca en el contexto de agresiones violentas contra las comunidades indígenas mixtecas de San Esteban Atatlahuca, salvo Galindo Barrios, una activista a la que se vio por última vez en la Ciudad de México cuando iba a mantener una reunión con el Mecanismo de Protección.
En el documento, el Comité recuerda que la violencia se registra en la zona desde 1999, cuando las autoridades de San Esteban Atatlahuca se aliaron con empresarios madereros y se incrementó la conflictividad en las comunidades.
La primera desaparición se produjo el 10 de octubre, cuando Mayolo Quiroz Barrios fue a revisar su ganado y no se le volvió a ver. Dos semanas después, los días 22 y 23 de octubre, se produjo un ataque armado contra diversas comunidades en las que al menos 100 viviendas fueron quemadas. El comité de la ONU en su relato, señala como posibles responsables a un “grupo de personas armadas acompañadas por el Sr. Rogelio Bautista Barrios, presidente municipal (de San Esteban Atatlahuca) y la Sra. Maribel Velasco García, Síndico municipal”.
Tras estos hechos se produjo la desaparición de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño y Marco Quiroz Riaño.
A través de la Acción Urgente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicita a México “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva” de los desaparecidos, “y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición, de conformidad con sus obligaciones convencionales”. Además, deberá informar al comité sobre la implementación del plan y los avances desarrollados.
Por otro lado, el comité pide que se realicen acciones para dar con la identidad de los perpetradores.
Por último, solicita que las familias de los desaparecidos participen en este proceso y reciban protección para evitar posibles represalias.
Según recordó el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, que acompaña a las víctimas, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en amparo que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU es obligatorio para las autoridades del Estado Mexicano en sus distintas competencias”. Además, “dicho cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente”.
