En los primeros días de enero, la atención se centra en los espacios de la cámara federal de diputados donde se discute el proyecto de reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador para recuperar la soberanía perdida en los negocios privados en que incurrieron principalmente los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Estos dos personajes, ambiciosos y perversos, no tuvieron recato en entregar nuestra soberanía a empresas estadounidenses, españolas y brasileñas, así como nacionales, llegando a intentar el primero y consumar el segundo, cambios en la constitución a partir del año 2013.
Llevamos ocho años de que así como sucedió con Petróleos Mexicanos, comenzó el acelerado desmantelamiento de la rectoría nacional en la Comisión Federal de Electricidad para dar paso, con el apoyo de poderosos medios de comunicación, empresarios y la clase política, a la generación e introducción de las llamadas energías limpias provenientes de empresas privadas que, con el argumento de protección al ambiente, lograron ventajosos contratos sin importarles el encarecimiento del servicio al consumidor. Y lo más grave: que poco a poco dichos intereses locales y trasnacionales se fueran apoderando del mercado eléctrico.
El cambio de régimen en 2018 frenó de golpe este proceso privatizador, de evidente traición a la patria, por lo que, con la nueva mayoría de izquierda en el poder legislativo, se han realizados esfuerzos para sacar adelante el proyecto presidencial que recuperaría esta industria y favorecería a los que menos tienen, ya que la electricidad es necesaria en todos los hogares. Sin embargo, los votos de Morena y aliados en el legislativo no son suficientes para transitar la reforma constitucional, por lo que se hace conciencia entre las otras bancadas para que en colectivo o en lo individual voten a favor.
Es la razón por la que, en un esquema de parlamento abierto, expertos, consultores de empresas privadas, técnicos, representantes de gremios y las y los funcionarios responsables de la industria eléctrica debaten ideas y propuestas frente al proyecto gubernamental.
El objetivo es convencer, a las y los legisladores que no lo están -y a la opinión pública que sigue atenta a los debates que pueden verse por televisión y las redes sociales- para que asuman una postura apegada al interés nacional y defiendan los beneficios que aporta mantener a la Comisión Federal de Electricidad como empresa estratégica para el desarrollo nacional.
Hay que recordar que la inexistencia de una empresa eléctrica nacional ha llevado a la población de España a alumbrarse, hasta con velas, como consecuencia de las altas tarifas que le imponen las empresas generadoras de energía, algunas de las cuales mantienen instalaciones en territorio mexicano, como las llamadas eólicas en el Istmo de Tehuantepec.
Que las actividades de la CFE sigan estando en manos del Estado, sin menoscabo de la intervención en el sector eléctrico de la iniciativa privada, es el objetivo principal del proyecto. Así, saldrían beneficiados los consumidores más humildes y se extenderían los beneficios a los grandes industriales, sin favoritismo alguno. La reciente compra de la refinería Deer Park en Estados Unidos, por el gobierno mexicano, es un botón de muestra de lo que estamos planteando.
Los resultados de las mesas de discusión harán su parte positiva para conformar una legislación equilibrada, pero lo suficiente robusta, para que nunca más vuelva a ponerse al mejor postor el patrimonio nacional. Si hay que hacer ajustes, sin menoscabar el proyecto original, es decisión de los congresistas y del gobierno de la República, pero siempre atendiendo el interés de la mayoría que decidió cambiar el régimen de corrupción y de negocios que se hacían en nombre de un pueblo que nunca participaba en las decisiones.
Quienes en 2013 y antes se opusieron a las reformas regresivas, consumadas en el Congreso, mediante plantones y encendidas manifestaciones, hoy gobiernan palacio nacional, lo cual es una venturosa garantía de que vamos por el camino correcto.
Frente a los que apuestan a que no se logren los votos para aprobar la reforma de López Obrador, siempre habrá un pueblo patriota que exigirá a las y los legisladores asumir su responsabilidad y compromiso de defender lo que es nuestro. Si es necesaria la movilización o algún tipo de presión, la gente está lista. Y no debe quitarle la vista a los legisladores que ostentan la representación nacional. La defensa de la CFE es un imperativo general.
@ernestoreyes14
