La Fiscalía General de la República (FGR) prevé solicitar este lunes en audiencia que se impongan medidas cautelares contra cuatro abogados que han sido denunciados por el litigante Juan Collado —en prisión desde 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada— por supuestamente pedirle hasta 2 mil millones de pesos para tramitar su salida de la cárcel.
Los fiscales solicitarán al juez federal José Rivas González que imponga prisión preventiva justificada para los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, al menos mientras se define si son vinculados a proceso y, de ser el caso, mientras se concluye con la investigación complementaria de cara a un eventual juicio.
La audiencia de este lunes es parte de uno de los tres procesos que desde octubre de 2021 sigue la FGR por presunta corrupción, asociación delictuosa y tráfico de influencias por denuncias que indican que distintos abogados, presumiendo un supuesto vínculo con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, intentaron extorsionar a potenciales clientes.
En el caso específico de la denuncia de Collado, el abogado dijo que los litigantes, tras presumir una supuesta alianza con Scherer, lo presionaron para que vendiera su empresa, Caja Libertad, a un presunto operador financiero del exconsejero de la Presidencia, y para que además entregara montos elevados de dinero.
Aunque ninguno de los delitos que se imputarán a los abogados implicados —extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa— amerita prisión preventiva automática, los fiscales estudian circunstancias que podrían, supuestamente, facilitar su fuga. Entre ellas, su capacidad económica y la pena de más de dos décadas de cárcel que podría imponérseles si son encontrados culpables.
La audiencia se ha programado a las 11:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte y será encabezada por el juez Rivas González. Del lado de la fiscalía, han sido citados los agentes del Ministerio Público María Eugenia Castañón y Manuel Granados, quienes realizarán la imputación y la solicitud de medidas cautelares.
Los imputados tendrán la posibilidad de solicitar que la audiencia se difiera si consideran que no han podido estudiar de manera completa el expediente, aunque será el juez quien determine si eso es procedente. También podrían solicitar un plazo de 72 o hasta 144 horas para aportar más pruebas con el objetivo de desvirtuar la solicitud de vinculación a proceso que presentará la FGR.
Debido a las condiciones sanitarias, el Centro de Justicia autorizó la opción de comparecer por el sistema de videoconferencia o en persona. En la sesión podrán estar presentes medios de comunicación.
El abogado Juan Antonio Araujo Rivapalacio, socio del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, y uno de los litigantes que han sido citados a comparecer, dijo a Animal Político que acudirá al centro penitenciario a la audiencia de imputación.
El abogado confirmó a este medio que su despacho participó en la representación legal de Collado, pero sostuvo que bajo los términos de un contrato. Explicó que los abogados lo asesoraron tanto en el tema de su defensa penal como en la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio con las autoridades.
“Nuestra intervención legal fue tanto a nivel procesal con abogados de nuestro equipo como de justicia restaurativa, como él mismo señala”, dijo Araujo. Incluso, reiteró que fue Collado quien, de manera voluntaria, buscó el apoyo de Scherer para tratar de alcanzar algún tipo de arreglo negociado para salir de su proceso.
Dijo que se demostrará ante el juez que la relación con Collado fue la de abogado-cliente y que los pagos correspondieron a los honorarios. Araujo negó que existiera cualquier tipo de tráfico de influencias.
“Siempre hubo una relación profesional y fue Antonio Collado (hermano de Juan Collado) quien me pidió que le ayudara con potenciales clientes y no yo quien le solicitó una alianza”, dijo.
El primero de tres casos en investigación
Autoridades federales confirmaron que las indagatorias abiertas por este tipo de extorsión a partir de las denuncias presentadas coinciden en un mismo modus operandi: la supuesta intervención de Scherer a través de abogados externos (generalmente de los que fue socio en el pasado) para, presuntamente, extorsionar a clientes con cantidades millonarias (disfrazadas de honorarios) a cambio de resolver conflictos legales.
Lo que se investiga es cómo, para convencer a los potenciales clientes, los litigantes que se decían cercanos al exconsejero de Presidencia mostraban datos relacionados con indagatorias financieras, fiscales o penales, de las que presuntamente no había forma de tener acceso a menos que fueran filtradas por una autoridad federal. En las denuncias se reporta, incluso, supuestos nexos con el Poder Judicial.
De acuerdo con la fiscalía, son tres los casos que se investigan: el proceso por delincuencia organizada contra Juan Collado, el iniciado en contra de Guillermo Álvarez y Ángel Junquera por malos manejos en Cooperativa Cruz Azul, y el del procedimiento por presuntas irregularidades en la concesión del Viaducto Bicentenario a favor de Aleática (antes OHL).
En la carpeta de investigación donde se señala a Scherer —la relacionada con el caso de Juan Collado—, el Ministerio Público de la Federación no ha procedido en contra del exconsejero, puesto que aún no se acredita algún tipo de intervención en el caso, aunque la indagatoria sigue en curso.
Al fijar un posicionamiento en Twitter, Julio Scherer aseguró que solo tuvo contacto con los hijos de Juan Collado a solicitud de estos. “Turné el asunto a la Fiscalía General de la República por ser de su competencia”, indicó el exconsejero este domingo.
1.-En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos.
2.- Turné el asunto a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia.
— Julio Scherer (@JScherer_Ibarra) February 27, 2022
Fuente: Animal Político
