La violencia contra políticos y candidatos se disparó en el periodo de campañas del 2021; la cúspide se registró 32 días antes de la jornada electoral.
El Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores registró 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales -12 eran mujeres-. La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64 por ciento en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018.
Por lo que la empresa ha concluido que el proceso electoral federal concurrente de 2021 fue el segundo más violento desde el año 2000.
El número de políticos y aspirantes asesinados llegó a 29.5 por ciento superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015.
Los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 205 municipios del país, el 16 por ciento pertenecen al estado de Veracruz, con un total de 45 víctimas. Le siguen los estados de Guerrero con 23, Oaxaca con 20, Michoacán 20, Puebla 18, San Luís Potosí 15 entre otros.
Mientras que las agresiones globales -homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos-, registradas hasta el 30 de abril de 2021, superaron en 64 por ciento las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia.
“La violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades”, sostiene el estudio.
Etellekt Consultores, precisó que la violencia contra los políticos y candidatos se agudizó desde el inicio de ese proceso electoral, en donde perdieron la vida en atentados 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección.
Al igual que en la elección de 2018, las amenazas se convirtieron en el principal instrumento de violencia con un total de 174 casos, y un saldo de 172 víctimas, de las cuales 133 eran aspirantes y candidatos.
El principal modus operandi de los agresores fue el envío de estas amenazas a través de redes sociales, desde cuentas anónimas, y a través de mensajes SMS o llamadas telefónicas desde líneas de prepago, para obligar a los aspirantes o candidatos a retirarse de la contienda o renunciar a sus candidaturas.
Aunque la situación es un tanto distinta y distante, la entidad continúa siendo uno de los estados más peligrosos del país.