El gobierno federal afirmó que la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador “no cancela de forma indiscriminada contratos establecidos bajo las actuales regulaciones. Sólo en los casos en que estos permisos hayan ido más allá de lo que la ley permite, habrá revisiones”.
Lo anterior se desprende de la respuesta que dio la administración actual a la pregunta parlamentaria que la bancada del PAN en el Senado le formuló al titular del Ejecutivo Federal como parte de su Tercer Informe de Gobierno.
Los panistas cuestionaron al presidente López Obrador sobre ¿cuál es el propósito de una contrarreforma energética que a todas luces privilegia los combustibles fósiles en vez de favorecer las energías limpias y que además pone en riesgo la confianza en nuestro país de los inversionistas extranjeros?
El gobierno aclaró que con esta reforma de ninguna manera se están cerrando las puertas a la competencia ni a la participación de inversionistas nacionales o extranjeros.
Las empresas privadas tendrán la oportunidad de participar con hasta el 46 por ciento de un mercado cuyo valor ronda los 22 billones de dólares.
Precisó que con este proyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputados, se busca terminar con los innecesarios subsidios de transmisión que, sin merecerlo, están recibiendo sociedades de autoabasto simuladas, que en realidad son socios comerciales.
Rechazó que con esta reforma se alimente y fortalezca el monopolio paraestatal. Simplemente se está estableciendo un piso parejo para todos los participantes en el mercado.
Sobre las energías limpias, precisó que con la reforma serán las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las primeras en colocar su energía en la red; energía limpia, eficiente y sin la intermitencia que presentan otras energías renovables.
Lo que se busca, aclaró, es atender la expedición desordenada de permisos de generación que se dio bajo las anteriores regulaciones, particularmente, de energía renovable intermitente y que no tomó en cuenta los costos e impactos en el sistema eléctrico esta sobreoferta de permisos.
Precisó que con la modificación al marco jurídico que regula el sector eléctrico, se busca por una parte que el Estado a través de la CFE sin desplazar a la competencia, tenga una mayor participación del mercado nacional, y por otra, sin afectar al medio ambiente ni a la inversión privada, establecer orden en el sector a fin de que haya una distribución adecuada de la energía eléctrica en el país, estableciendo las bases para que el sector privado compita en igualdad de condiciones.
Tal propósito hace necesario que se elimine del mercado la simulación que se estableció con la política neoliberal para favorecer la especulación y la entrega de subsidios a participantes privados.
Fuente: Milenio
