Las múltiples denuncias presentadas ante la fiscalía general del Estado sobre la presunta red de corrupción que opera al interior de varias instituciones gubernamentales en Oaxaca y a la cual conocen como “El Cártel del Despojo”, podría hacer resonancia en la 65 Legislatura Federal en San Lázaro y en la local en San Raymundo Jalpan, donde hay una propuesta en la que solicitan la investigación y el retiro de la patente a varios notarios supuestamente inmiscuidos en la problemática.
En la Cámara de Diputados Federal fue propuesto un punto de acuerdo por la diputada del Partido del Trabajo, Margarita García García, el cual se discute y cabildea al interior de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales, para que la FGR a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada integre las carpetas de investigación correspondiente por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos, falsedad de declaraciones.
Y se ejerza acción penal en contra de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, notarios y servidores públicos por las alteraciones a la Base Nacional de Actas de Nacimiento y al Registro Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Las cuales habrían sido cometidas al amparo del Convenio de Coordinación y Colaboración para Implementar la Consulta e Impresión de Actas del Registro del Estado Civil de las Personas en Línea, simulación de laudos y actos jurídicos, blanqueo de capitales de naturaleza inmobiliaria a través de escrituraciones notariales y los demás que se deriven.
En el documento también exhortan respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa para que se investigue y, en su caso, retire las patentes a los notarios involucrados en los asuntos de suplantación de identidad y despojos; denunciados al interior del Registro Civil del Estado; revisar las actividades e irregularidades del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca; y las omisiones de la Consejería Jurídica, así como interponer las denuncias penales que correspondan.
La propuesta fue presentada el pasado 1 de marzo como punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales y de Oaxaca a investigar y sancionar las suplantaciones de identidad dadas en el Registro Civil, pero el documento se quedó atorado al interior de la referida comisión. Está en cabildeo para ver si pasa al pleno de San Lázaro y si se aprueba o no.
Los casos más sonados de presunto despojo, refiere la diputada federal Margarita García en su exposición de motivos, son los siguientes:
El de los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar de apellidos Gómez Conzatti y Martínez a quienes les fueron borradas sus identidades y suplantadas por otras que ya han sido dictaminadas falsas por la fiscalía general de la República, para que no pudieran acreditar su personalidad ni la titularidad de 2 inmuebles en el Centro Histórico de la capital del estado, de los cuales son copropietarios por donación hecha en vida ante notario público, por su padre Víctor Manuel Gómez Conzatti.
Estos inmuebles se encuentran inscritos en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) quien, después de que en noviembre de 2020 se presentaran fallas en el sistema, afectando únicamente los inmuebles donde los hermanos Gómez Conzatti son copropietarios, el cual ya reconoció que desde 2012 constan en su sistema las escrituras de donación a favor de los señores Herbé, Caleb y Ashmar de apellidos Gómez Conzatti y Martínez.
Sin embargo, también en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), cuyo director era Jorge Armando Zárate Medina desaparecieron los expedientes de esos mismos 2 inmuebles de los que los hermanos Gómez Conzatti son copropietarios, informando que los agraviados no tenían ningún inmueble y que supuestamente en 2011 fueron inscritas compraventas a favor del notario público Jorge Alberto Merlo Gómez y Elizabeth Shamosh Gómez, con escrituras del notario 106, Alejandro José Vidaña Luna.
Aunque después se comprobó que el último movimiento no fue en 2011 sino en enero de 2021 y que el jefe de la Unidad Jurídica del ICEO, José Antonio Lara Rodríguez, declaró en falsedad ante la FGEO Oaxaca con información que no consta en el sistema ni en archivos de dicho Instituto.
Cabe mencionar que José Antonio Lara quiso obligar a declarar falsamente a los trabajadores del archivo del ICEO y estos al negarse fueron despedidos injustificadamente.
Jorge Alberto Merlo Gómez es el responsable de la Notaría 135 de Nochixtlán, Oaxaca; fue director del Registro Público de la Propiedad de Oaxaca en 2004.
En el caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez fueron comprobadas la suplantación de identidad, la falsedad de claves únicas de registro de población, la alteración de la base nacional, el fraude inmobiliario y las falsedades de informes ante Juzgados de Distrito.
Se pudo comprobar gracias a documentos que fueron solicitados al INE en donde se resguardan archivos con documentos personales de los ciudadanos cuando solicitan su credencial de elector y el propio Registro Nacional de Población.
Sin embargo, a más de un año el delegado de la FGR, Jaime Porfirio García Belio, sigue sin ejercer acción penal por los delitos federales de incumplimiento de la suspensión dictada por el 2o. juez de Distrito de Oaxaca en el amparo 575/2020, falsedad de informes, uso de documentos falsos, etcétera.
En la argumentación del punto de acuerdo presentado por la legisladora petista Margarita García, expone que lo más preocupante es la inacción del fiscal general del estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien, ante el cúmulo de datos de prueba aportados por las víctimas en las carpetas de investigación, desde agosto de 2021 a la fecha, ha sido omiso en liberar el dictamen de 2 firmas cuestionadas de falsas y según las cuales el notario 135, Jorge Merlo Gómez, adquirió los inmuebles despojados a los hermanos Gómez Conzatti.
Sobra decir que en estos supuestos ilícitos están inmiscuidos el Registro Civil, IFREO, ICEO, y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca para ocultar el origen ilícito de bienes de naturaleza inmobiliaria que se despojan en la entidad oaxaqueña.
Otro caso de escándalo es lo ocurrido el pasado 2 de julio de 2020, cuando se dio a conocer que el Registro Civil dio muerte legal a mil 13 comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, para despojarlos de sus tierras presuntamente confabulados con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, entre ellos declararon fallecidos y sepultados a 22 beneficiarios de la medida cautelar MC-113-08 concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran con vida.
Además, señala el documento, existen otros casos en los que los ciudadanos han sido víctimas de notarios como el fedatario número 106 de Cosolapa, Héctor Alejandro Vidaña Luna; 135, Jorge Merlo Gómez; 100, Arturo David Vásquez Urdiales; 84, Jorge Zárate Ramírez; 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, etcétera, a quienes las víctimas no han podido denunciar o simplemente la Fiscalía ha hecho caso omiso a las denuncias de falsificación de firmas, simulación de ventas, ante fechados de actas notariales, otorgamientos falsos de poderes, etcétera.
Resalta un tercer caso de un supuesto poder otorgado en la ciudad de Oaxaca por la señora María de Monserrat Chávez López ante el notario 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, el 25 de agosto de 2011, mediante el cual fue vendido un terreno de su propiedad en el municipio de Huajolotitlán, Huajuapan de León, a Daniel Lenin Chávez López, despojando de esta manera a su cónyuge y copropietario supérstite Alfonso Corro Sánchez.
Sin embargo, en esa fecha la poderdante se encontraba medicamente imposibilitada para otorgar dicho poder debido a la metástasis por cáncer terminal, falleciendo el 27 de ese mismo mes y año.
El mismo notario 38 también fue quien formalizó en 2004 una doble venta de terrenos situados en Cuilápam de Guerrero, despojando con ello a los pobladores y descendientes que habían adquirido desde 1951, terrenos que posteriormente fueron hipotecados y fue el mismo esquema de alteración de registros públicos y falsificación de escrituras, defraudando en aquella ocasión al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Otro escándalo también se ha producido en Oaxaca a partir de la muerte del doctor Gerardo Ricárdez Bernardino, a cuya viuda intentan despojar de siete terrenos, mismos que presuntamente fueron vendidos a precios irrisorios ante la fe del notario 84, Jorge Zárate Ramírez, a diversas personas.
El último caso ventilado públicamente es el del señor René Jarquín Gordillo, a quienes dos de sus hijos René y Herminio Jarquín Flores despojaron de una propiedad de 3 mil metros cuadrados en San Raymundo Jalpan con la presunta ayuda del notario 100, Arturo Vásquez Urdiales, quien habría dado fe de una supuesta compra venta de una persona que falleció hace 32 años; así como el director del IFREO, Gilberto Gamboa y el ex director del ICEO, Jorge Armando Zárate Medina.
Todos estos casos de presunta corrupción y despojo podrían hacer resonancia entre legisladores federales en San Lázaro y en los diputados locales. Cabe resaltar que en la 65 Legislatura local fue aprobada la comparecencia del fiscal Arturo Peimbert Calvo para que rinda cuentas sobre los avances de las investigaciones en todas las denuncias presentadas por las víctimas.
Es importante, pues, que el propio gobernador Alejandro Murat Hinojosa ordene una investigación seria de todos estos casos ventilados públicamente y que, en este último año de su mandato, de encontrar responsabilidades en los fedatarios, deberá proceder conforme a la ley, lo mismo sobre los funcionarios inmiscuidos en los despojos.
CORREO: nivoni66@gmail.com
TWITTER: @Gelosnivon
FACEBOOK: María Nivón Molano
FAN PAGE: Primera Línea MX
TELEGRAM: t.me/esprimeralinea
