*27 brigadistas dejaron de percibir su salario desde septiembre de 2021 por la cantidad de $1,713,940.00
*Simulan operaciones de 13 Brigadas y solo operan dos, la de Tlalixtac de Cabrera y Corral de Piedra, para presuntamente quedarse con los recursos
*Utilizó a los brigadistas para ayudarlo en trabajos de construcción y jardinería en su nueva casa en Santiaguito Etla y para combatir incendio en su rancho “Ilusión Dorada” en Michoacán
El director de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (COESFO), Alfredo Aarón Juárez Cruz y la jefa de la Unidad Administrativa, Claudia Calderón Cisneros enfrentan una denuncia penal, de acuerdo con la carpeta de investigación 109 (FEMCCO) 2022 por presunto peculado, abuso de autoridad, y uso ilícito de atribuciones y facultades al haber dejado de pagarles a 27 brigadistas sus salarios en 2021.
Del expediente se desprende, el incumplimiento por parte de Juárez Cruz y Calderón Cisneros del pago salarial total de un año que asciende a $1,713,040.00 y el presupuesto total para el programa Integración y Operación de Brigadas Oficiales de Prevención y Combate de Incendios en Zonas de Alto Riesgo abarca la cantidad de $13,189,346.37 que sí fueron suministrados por la Secretaría de Finanzas.
Consta en documentos en poder de esta columnista la denuncia de los 27 brigadistas: Malco de Jesús Sandoval, Juan Carlos Gómez Hernández, Juan García Reyes, Homero Guzmán Juárez, Bulmaro Bautista Bautista, Tomás Alavez Beteta, Luis Ángel Gómez Bautista, Flavio Ríos Revilla, Autberto Pérez Pérez, Esteban Pérez Santiago, Fortunato Carrasco Ruiz.
Además de Heriberto Flores Ramírez, Espirito Ramírez Jiménez, Orlando Leonel López Velázquez, Salvador Avendaño Márquez, Román Avendaño Márquez, Antonio Avendaño Márquez, Jorge Avendaño Márquez, Luis Avendaño López, Guillermo Avendaño Ramírez, Rubén Ramírez Hernández.
Y Daniel Ramírez Hernández, Edy Guzmán Vicente, Jacobo Bautista Hernández, Susana Méndez Aquino en representación de su concubino Ángel Méndez Espinoza, David Pacheco Velasco y Asael Martínez Montes. Todos ellos brigadistas que cobran por lista de raya y a quienes los dejaron sin su salario respectivo.
Los presuntos delitos que podrían configurarse en contra de estos dos servidores públicos son: uso ilícito de atribuciones y facultades; abuso de autoridad y peculado, que según refiere la denuncia y el legajo de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la propia fiscalía general del Estado de Oaxaca, ambos funcionarios públicos involucrados se han negado a proporcionar la información requerida por las autoridades ministeriales.
En el extracto de hechos, desde el 1 de septiembre de 2021 a la fecha, Alfredo Aarón Juárez Cruz, director de COESFO y Claudia Calderón Cisneros, jefa administrativa, dejaron de pagar los sueldos (lista de raya) a los 27 combatientes de las Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales de Tlalixtac de Cabrera y Corral de Piedra.
Las brigadas en conjunto están conformadas por 28 elementos, divididas en dos con 14 combatientes cada una. Los denunciantes refieren que los servidores públicos involucrados argumentaron que no había recursos, debido a la reducción presupuestal de COESFO instruida por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Sin embargo, ese argumento se vino abajo, luego de que, en la investigación realizada por la autoridad ministerial, quien solicitó un informe al titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Hidalgo Tirado, confirmó que sí fueron suministrados los recursos para dicho programa por la cantidad de $13,189,346.37 en 2021.
En el informe de SEFIN detalla que las brigadas en Informe de Gastos, que fueron cubiertas son: Chimalapa, Tlalixtac de Cabrera, Santa Catarina Ixtepeji, Santa María Tlahuitoltepec, San Juan Lajarcia, San Juan Lachao Pueblo Viejo, Concepción Pápalo, San Francisco Yosocuta, Santa María Xadani, San Miguel Chimalapa, San Baltazar Loxicha, San Mateo Yetla y San José Tierra Caliente.
De igual forma la Secretaría de Finanzas documentó los recursos que se han autorizado y ejercieron por la COESFO desde el 2019 al 12 de febrero de 2022, incluyendo copia certificada de todas las cuentas por liquidar y de sus anexos presentada por dicha institución en ese mismo periodo. Los recursos fueron ejercidos en su totalidad.
Los afectados también presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), número de expediente DDHPO/0569/(01)/OAX/2022 y esta a su vez emitió la recomendación respectiva y solicitó un informe detallado de la denuncia al fiscal anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas.
Y el pasado 30 de abril de 2022, el agente del Ministerio Público adscrito a la mesa III del Sistema Adversarial de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGEO, respondió al requerimiento de la DDHPO y emite copia de la denuncia de los 27 brigadistas.
Sin embargo, señala el oficio, esta Fiscalía Especializada no se encuentra en condiciones de determinar en este momento la carpeta de investigación referida derivado de la conducta omisiva de Alfredo Aarón Juárez Cruz, director de COESFO y Claudia Calderón Cisneros, jefa de la Unidad Administrativa, quienes han obstaculizado la investigación, lo cual no permite que se ejerza la acción penal en su caso ante el juez de control.
En su respuesta la Fiscalía Anticorrupción argumentó que se giraron diversos oficios con números FGEO/FEMCCO/107-M3/2022 y FGEO/FEMCCO/151-M3/2022 de fechas 3 y 18 de marzo respectivamente, dirigidos a la jefa del departamento jurídico de la COESFO, solicitando la información y documentación indispensable para la investigación que obra en poder de esa institución.
Pero siempre ha sido negada bajo argumentos improcedentes e injustificados, haciendo la precisión que las solicitudes de información fueron atraídas por el director general Alfredo Aarón Juárez Cruz, quien se niega a proporcionar lo solicitado.
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción se ha visto imposibilitada de poder judicializar, en este momento, la carpeta de investigación, a falta de la información que ha sido negada por los servidores públicos mencionados.
Es preciso destacar que dentro de la denuncia penal de los brigadistas también señalan que tanto Juárez Cruz como Calderón Cisneros, desde que llegaron a la COESFO solo una vez les proporcionaron equipo y de muy mala calidad para su trabajo, y en cuanto a sus herramientas, nunca se les proporcionaron nuevas, obligándolos a pintar y reparar las que dejó la administración pasada, para justificar el recurso ejercido por tal concepto, al simular la compra de material nuevo.
Pero además refieren que ambos servidores públicos de COESFO simulan la existencia de 13 Brigadas de Prevención y Combate de Incendios en todo el estado, cobrando el recurso correspondiente a las mismas $13,189,346.37 y solo existen dos en operación la de Tlalixtac y Corral de Piedra, y en 2021 no les pagaron desde septiembre a la fecha los salarios a 27 denunciantes.
Con ello quedó comprobado que lejos de haber una reducción presupuestal, los servidores públicos en comento han solicitado a la SEFIN y recibido más recursos para incorporar brigadas de apoyo, de las cuales solo cobran el dinero simulando su operación.
Para rematar.
Los afectados revelaron que tanto Alfredo Aarón Juárez Cruz como Claudia Calderón Cisneros los utilizan de manera recurrente a los integrantes de las brigadas para trabajos personales (desviando recurso humano).
El año pasado Aarón Juárez Cruz los utilizó en su casa nueva ubicada en Santiaguito Etla para trabajos de construcción y jardinería, además de llevarlos a su rancho “Ilusión Dorada” en el estado de Michoacán con la finalidad de hacer trabajos para proteger su huerta de aguacate de un incendió que se registró en esa zona.
Y en cuanto a Claudia Calderón Cisneros los utilizó para limpiar su casa en Santa María El Tule, obligándolos a llevarse toda la basura que quitaron del inmueble en mención. Por último, el año pasado también obligaron a los integrantes de las brigadas en el Programa “Sembrando Vida”, con la finalidad de no contratar a más personal para quedarse con el recurso.
Hasta ahí las denuncias que están acompañadas de videos y fotografías entregadas por los denunciantes a la autoridad ministerial.
Aquí es importante que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa no solo obligue a sus colaboradores involucrados a entregar el informe que solicita la autoridad ministerial, pues es obligación de los servidores públicos inmiscuidos en un legajo de investigación de esa naturaleza cumplir con ello, y a la par separarlos del cargo y que respondan por los hechos que se les imputa.
Hay 27 familias afectadas a quienes les pegaron donde más duele, su salario.
¡Ya basta de abusos y de corrupción!
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