Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, expertos y académicos consideraron que ésta presenta riesgos y retrocesos, como el control de las autoridades electorales, pues se busca sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por otro órgano, así como cambiar el proceso para la elección de consejeros.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), consideró que la reforma político-electoral del mandatario tiene “ideas perjudiciales y riesgosas”, como la sustitución del INE, la elección de consejeros por voto popular, la desaparición de diputados por mayoría relativa y la eliminación de financiamiento ordinario a partidos políticos.
“¿Esta reforma contribuye a mejorar la calidad de la democracia? La respuesta es no. La propuesta del presidente parte de un diagnóstico equivocado: que hay una institución electoral, el INE, que está cooptado por neoliberales y que por lo tanto se ha dedicado a proteger los intereses de las élites y eso lo ha llevado a cometer fraudes. Estoy citando los argumentos del presidente, y que hay que desmontar al INE y devolvérselo al pueblo”, dijo Ugalde.
En entrevista, señaló que entre los temas que pueden ser considerados retrocesos está el establecimiento de que los consejeros electorales sean electos por voto directo de los ciudadanos, pues dijo que esto le devuelve el control del órgano electoral a los diputados y al gobierno federal. Ello porque, de ser aprobada la reforma, legisladores propondrán a 20 candidatos para este cargo
“El segundo retroceso es la distorsión de la representación de la Cámara de Diputados, que generara una mayor sobrerrepresentación del partido hegemónico mediante la elección por la vía plurinominal a través de listas estatales”, mencionó.
El expresidente del IFE agregó que algunos de los puntos positivos que vio fue reducir el tamaño de Congresos y el voto electrónico.
A su vez, el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Javier Martínez Reyes señaló que esta iniciativa es regresiva en comparación con el resto de las reformas que se presentaron desde 1977, cuando el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó cambios electorales para incluir la figura de legisladores de representación proporcional.
“Es una reforma regresiva, es una reforma diferente que todas las demás. La serie de reformas del 77 en adelante tiene un común denominador que era fortalecer a las autoridades electorales incluyendo las demandas de la oposición”, declaró el también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Señaló que esta propuesta presidencial va en contra del federalismo, concentra el poder y busca “capturar” a los árbitros electorales, ello en alusión a que serán los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que propongan a 20 personas cada uno para ser consejeros y magistrados de los organismos electorales.
“Lo que busca es destruir al INE como lo conocemos, destituir a todos los consejeros y magistrados electorales y luego elegirlos a través de un procedimiento, en el cual quien tiene el poder de nominar a esas personas desde los Poderes (son) el presidente, el Legislativo dominado por los partidos y el Poder Judicial cada vez dudoso, y luego lo mandas a contender a la arena de los partidos políticos que son las elecciones”, señaló.
Mientras, Juan José Tena, director del Programa Ciudadanía Activa de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) del Tec de Monterrey, mencionó que la iniciativa del presidente se pueden dividir en dos bloques: las reformas que genuinamente el Ejecutivo cree que podrían ayudar a mejorar al sistema electoral, hacerlo más representativo, más cercano, y otras que buscan controlar la autoridades electorales.
Dijo que los legisladores de oposición deben tener claro qué puntos no deberían respaldar ante un “menoscabo a nuestra democracia” y cuáles sí respaldar porque podrían fortalecer el sistema electoral.
Entre las propuestas que consideró que no se deben dejar pasar están el nuevo proceso para nombrar a consejeros y magistrados y la reducción del umbral para que la revocación de mandato sea vinculatoria, de 40 a 33% de la lista nominal de electores.
Se prevé que la iniciativa que llegó ayer por la tarde-noche a la Cámara de Diputados sea discutida hasta el próximo periodo ordinario que comienza en septiembre, pues la oposición rechazó convocar un periodo extraordinario.
