La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que limitó las medidas de protección a la joven saxofonista María Elena Ríos, solo al estado de Oaxaca y no cuando se encuentre en la Ciudad de México, debido a que el “análisis de riesgo y servicios de protección otorgados, se circunscriben al riesgo que ella tiene como defensora de derechos humanos y no a su situación como víctima del delito”.
Explicó que la joven que fue agredida con ácido en 2019 por órdenes del exdiputado Juan Antonio Vera, es beneficiaría, desde julio de 2021, del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que contó con un esquema de protección en la Ciudad de México y Oaxaca.
Sin embargo, “luego de una reevaluación de su situación de riesgo, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, en el mes de marzo de este año decidió por unanimidad concentrar las medidas de protección en el estado de Oaxaca al tomar en cuenta las particularidades de su caso”.
La Segob, a través del Mecanismo, aclaró que la definición de cada uno de los casos no recae en una sola persona o institución, ya que la Junta de Gobierno es un ente colegiado integrado por las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Ciudadano -integrado por personas defensoras de derechos humanos y periodistas-.
Por lo anterior, la joven fue informada sobre su derecho a recurrir a dicha decisión, lo cual ejerció y el día 27 de mayo de 2022, una vez reevaluada su situación de riesgo, la Junta de Gobierno confirmó la decisión por mayoría que el esquema de protección con el que cuenta tenga su implementación en el estado de Oaxaca y no en la Ciudad de México.
María Elena Ríos estuvo esta semana en Palacio Nacional donde pidió una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer su caso y los riesgos que enfrenta por las amenazas de los familiares del legislador.
La Segob señaló que para extender de nueva cuenta las medidas de seguridad las autoridades de procuración y administración de justicia de Oaxaca deben pronunciarse sobre el particular.
