El clima inmediato anterior a la consulta para cambiar del sistema de partidos al normativo propio o de usos y costumbres en 2015 era de descomposición política y social que llevó a que un sector que apoyaba a los políticos tradicionales se inconformara y apoyara el modelo comunitario.
Lo primero que cambió con el nuevo gobierno fue la construcción de obras para las comunidades que durante años estuvieron relegadas institucionalmente por el racismo y la discriminación.
El movimiento enfocó sus fuerzas en contra de una familia que construía un cacicazgo enquistada en el gobierno municipal, además en la cabecera imperaban la inseguridad y la violencia de grupos criminales.
Durante los dos periodos anteriores al 2018 (año en que empieza a operar el sistema normativo propio), en Ayutla gobernó la familia de Severo Castro Godínez, él y su esposa Hortensia Aldaco Quintana fueron alcaldes respaldados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PRI.
Los dos “tenían la expectativa de continuar en esa dinámica” y heredar el control del gobierno, dice el relator del primer Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, Samuel Calderón Moreno, vecino de la colonia Ampliación Barrio Nuevo.
Durante el proceso de consulta y votación en la cabecera municipal fue evidente que la población votaba en contra de continuar con el sistema de partidos políticos porque “había un interés de expulsar a quienes estaban en el gobierno, Hortencia Aldaco y Severo Castro”, en especial a éste que era constructor y arrendaba al Ayuntamiento equipo para construcción y patrullas, declaró en entrevista la antropóloga de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Maribel Nicasio González.
“Al saber que esta pareja estaba construyendo un nuevo cacicazgo, pues pensaban promover a su sobrina (Yesenia Castro Nava), me tocó escuchar, la población decía que era una situación insostenible, que no podía ser”, comentó.
La antropóloga se interesó en el proceso de consulta en Ayutla luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero solicitó a la Unidad Académica de Antropología Social de la UAG que lo apoyara en la elaboración de un peritaje antropológico, que sería utilzado para determinar si se reconocía como municipio indígena.
Maribel Nicasio y otro de sus compañeros docentes de la Universidad, José Jaimes Torres, se encargaron del dictamen antropológico de los sistemas normativos indígenas, y afirmó que algo que le impresionó durante la etapa informativa que realizó el IEPC antes de la consulta, es que se exacerbaron en los argumentos de los mestizos de la cabecera municipal su racismo y discriminación hacia los pueblos ñuu savi y me’phaa.
“Decían ‘cómo nos van a venir a gobernar indios, si los indios quieren sus usos y costumbres que se regresen a sus comunidades, o designar autoridades por usos y costumbres es retroceder 500 años’”, señaló la antropóloga.
El racismo al que se refiere la experta es lo común en la ciudad, se expresa en el lenguaje, en los míseros salarios que se pagan a los indígenas y en las largas jornadas de trabajo que se les imponen, se ejerce en su contra un tipo de esclavitud moderna.
Por otra parte, el responsable de la Comisión de Elección del gobierno municipal comunitario y delegado de una colonia en la cabecera municipal, Abel Bello López, relató que la inseguridad que vivía el municipio fue determinante para que se diera el cambio de modelo de elección, aunado al abandono histórico de las comunidades indígenas.
A su vez, la promotora de la UPOEG y concejal municipal electa para el periodo 2021-2024, Eneida Lozano Reyes relató que entre los años 2008, 2009 y 2010 la inseguridad y la violencia del crimen organizado se recrudeció en Ayutla.
Primero “empezaron con extorsiones, se empezó a saber que estaban cobrando cuotas, se sabía que le cobraban hasta las personas que vendían un poquito de cosas (en el mercado), les empezaban a cobrar los 20 o 50 pesos”, contó.
A las extorsiones le siguieron los “secuestros en la cabecera municipal y fue cuando ya nos empezamos a preocupar más, pero todavía eran casos aislados”, la situación escaló al nivel que los delincuentes sacaban a la personas de sus festejos, “pedían las mejores botellas y se adueñaban de sus fiestas”.
Incluso el padre de los hijos de Eneida Lozano, Leodegario Escamilla Martínez es una de las víctimas de esa violencia, el 3 de septiembre de 2012 un taxista se lo lleva de su negocio en el centro de Ayutla, a las 12 del día, y hasta la fecha no ha vuelto a saber de él.
Eneida aseguró que ninguno de los trabajadores de su esposo dijo nada, porque pensaron que se dirigía a la entrega recepción del entonces candidato ganador Severo Castro, pues Escamilla Martínez lo había apoyado durante su campaña.
Para 2013 no sólo continuaban los secuestros y las desapariciones, los asesinatos y enfrentamientos en la cabecera eran frecuentes y las familias tenían que callar, “porque si decías algo iban contra ti o tu familia”.
En este clima cerraron negocios, la gente se encerraba en su casa desde las 8 de la noche porque los sicarios se llevaban a las jóvenes que les gustaban y veían andar en la calle, las violaban y desaparecían.
En tanto que las autoridades se mantuvieron “ausentes totalmente, fue un abandono institucional, porque no había quién te resguardara o cuidara como ciudadano”.
El 5 de enero del 2013 se hace pública la autodefensa que se conformaría después en la UPOEG, que desde esta fecha mantiene el control de la cabecera municipal de Ayutla.
Desde esa fecha expulsan a la delincuencia organizada, y se acaban los secuestros, violaciones sexuales, extorsiones y asesinatos. Se vive en paz en la cabecera.
