Los centros de detención municipal son zonas de alto riesgo de violaciones a derechos humanos, ante la persistencia de casos de personas que mueren en estos lugares, bajo el resguardo de servidores públicos, advirtió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El organismo autónomo señaló que, de enero de 2020, al 15 de julio de 2022 se han iniciado 474 expedientes relacionados con abusos policiales cometidos por elementos municipales, de los cuales, seis casos se deben a muertes ocurridas en cárceles municipales o durante la retención.
Ante ello, el organismo autónomo urgió al Estado mexicano a implementar acciones que permitan atender esta problemática, entre las cuales destaca la capacitación al personal, además de que los centros de detención cuenten con médicos que certifiquen las condiciones físicas de las personas que son ingresadas.
Y es que, la DDHPO emitió una Recomendación que evidencia la urgencia de establecer mecanismos de protección para las personas que se encuentran detenidas en cárceles de ayuntamientos.
El documento, dirigido al municipio de Santa María Alotepec, Mixe, acreditó violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida de una persona que falleció en los separos municipales, después de haber sido detenido por una falta administrativa en 2017.
El organismo defensor explicó que la recomendación busca atender las causas estructurales del hecho, pues casos como el que se investigó en la recomendación son recurrentes en la entidad, por ello, es necesario que se regule lo que ocurre en los separos y así prevenir que vuelva a ocurrir.
Por lo que requirió a las autoridades municipales de Santa María Alotepec, Mixe que, de forma inmediata adopten las medidas adecuadas y prácticas administrativas pertinentes que permitan una vigilancia eficaz hacia el interior de las celdas de la cárcel municipal, esto incluye que consideren la presencia de un profesional de la salud, que certifique médicamente el ingreso a las personas que son remitidas a los separos con el objeto de prevenir y evitar en lo futuro hechos similares.
Asimismo, considerando el sistema normativo interno de la comunidad, la DDHPO insistió en que se instruya a las personas que sirven como elementos de seguridad municipal para que, en el ejercicio de sus funciones, sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como que se abstengan de realizar detenciones sino existe causa legal que lo justifique y eviten incurrir en actos u omisiones que atenten contra de la integridad y seguridad de las personas.
En la Recomendación, la DDHPO instó al ayuntamiento de Santa María Alotepec, Mixe, para que brinde a los elementos de la policía municipal, la capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, principalmente los relacionados con los derechos a la integridad y seguridad personal.
El organismo defensor requirió que se establezca un programa de formación permanente sobre las atribuciones legales que tienen la policía municipal para que los elementos puedan contar con herramientas jurídicas y técnicas para que puedan desempeñar sus actividades sin violentar derechos humanos o el marco jurídico.
La Defensoría de los Derechos Humanos exhortó al ayuntamiento para que realice un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública para las víctimas directas e indirectas,
además de que realicen las acciones necesarias para reparar el daño causado de manera integral.
Mientras que, para que las víctimas puedan hacer efectivo su acceso al derecho a la justicia, la Defensoría urgió a las autoridades municipales colaborar ampliamente con el agente del Ministerio Público encargado de integrar la carpeta de investigación y que aporten todas las pruebas con las que se cuente y tengan relación con los hechos.
La Defensoría demandó al ayuntamiento que en coordinación con la asamblea general como máximo órgano de ese municipio, realicen las gestiones y acciones necesarias para que la comunidad pueda contar con un Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Santa María Alotepec, Mixe, Oaxaca.
Finalmente, la DDHPO planteó que el Estado debe establecer mecanismos de colaboración que permitan a las autoridades municipales cumplir con el mandato de garantizar la seguridad y paz pública de sus comunidades, mientras que, cuando establezcan sanciones que impliquen la detención de una persona, ésta pueda tener asegurada su integridad física y psicológica, además de que las instalaciones cuenten con condiciones de infraestructura, seguridad y atención integral compatibles con el respeto a su dignidad.
