-Definirá JUCOPO fecha y hora para comparecencia de Fiscal Arturo Peimbert
-Sin ningún avances en las investigaciones; son más de 200 denuncias pendientes
El Congreso del Estado dio entrada de manera directa a la petición de comparecencia del Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO), sin establecer hora y fecha, para que exponga detalladamente las acciones, avances y resultados en materia de procuración de justicia en los delitos de feminicidios, despojo de inmuebles.
Además de delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad, desaparición de personas, desplazamiento forzado de personas, asignación irregular de vehículos consignados o asegurados.
El documento no fue votado en el pleno pero fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
La Proposición con Punto de Acuerdo y Obvia Resolución, presentada por las y los morenistas, expone que con base en los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Oaxaca se situó en el escaño número 14 con mayor incidencia delictiva a nivel nacional, es decir, la entidad alcanza la media nacional respecto de esa problemática social.
“Lo anterior evidencia que durante el presente año se ha incrementado la comisión de delitos y la violencia en el Estado de Oaxaca”, sostiene el documento al hacer referencia a notas como la publicada en Primera Línea : https://www.primeralinea.mx/2022/06/09 evidencian-presunta-corrupcion-de-la fiscalia-de-oaxaca-saca-vehiculos-de-corralon-y-en-litigio-para-asignarlos-a funcionarios/.
En diversos medios de comunicación, se han difundido las denuncias interpuestas por ciudadanos contra la presunta existencia del “Cártel del Despojo”, que implica una “red” de personas (notarios, servidores públicos y particulares) para la comisión de despojo de bienes inmuebles, delitos contra el patrimonio y la suplantación de Identidad.
Es relevante precisar que se estiman que son 200 los casos denunciados por presunta participación de servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y del Registro Civil del Gobierno del Estado de Oaxaca, sin que a la fecha se haya determinado la responsabilidad correspondiente, situación que genera un clima de inseguridad e incrementa la percepción de corrupción e impunidad en la ciudadanía oaxaqueña, sostiene el documento.
De conformidad con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Oaxaca se sitúa en el lugar número 20 de las entidades federativas con mayores índices en materia de personas desaparecidas y no localizadas, alcanzando la cifra total de tres mil 802 personas, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a las personas del sexo femenino.”
Asimismo, los cinco municipios con mayor incidencia de este delito son Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucia del Camino, Santa María Atzompa y Villa de Zaachila, siendo las mujeres la mayor proporción de víctimas del delito, en las municipalidades referidas, precisa el Punto de Acuerdo presentado al pleno de la 65 Legislatura local.
A nivel nacional, Oaxaca es una de las ocho entidades federativas con mayor desplazamiento forzado interno, de acuerdo con los datos de la Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), precisados en el DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN MÉXICO 2021.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), refiere que se trata de individuos, familias o comunidades que son obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible.
Asimismo, en 2021 se generaron nuevos desplazamientos en comunidades, como son los casos de Tierra Blanca Copala; Guerrero Grande; Ndoyonuyuji y Mier y Terán: estos últimos en el municipio de San Esteban Atallahuca.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido resoluciones vinculatorias para el Gobierno del Estado de Oaxaca y los Gobiernos https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral para atender el desplazamiento forzado interno de las personas triquis de Tierra Blanca Copala, que llevan más de un año fuera de su comunidad.
“Es preciso que esta Soberanía cite a comparecer al titular de la Fiscalía Arturo de Jesús Peimbert Calvo, para que exponga detalladamente las acciones, avances y resultados en materia de procuración de justicia de los siguientes delitos: 1. Feminicidios. 2. Despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad. 3. Desaparición de personas. 4. Desplazamiento forzado de personas, y la 5. Asignación irregular de vehículos consignados o asegurados”, sostiene el documento.
