Imposibilitado, así se declaró el Fiscal General de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo ante el informe que solicitaron los diputados locales en materia de procuración de justicia, en donde además evidenció que existe participación de notarios, abogados, autoridades registrales, municipales y hasta el crimen organizado; su modus operandi, es la extorsión, amenazas, suplantación de identidad y homicidios en el caso del cártel del despojo.
Anunció órdenes de aprehensión para desarticular una red delincuencial integrada por “personajes socialmente visibles”, sin embargo no dio mayores detalles.
En este sentido aseguró que existen unos 200 casos, no similares, pero si en el sentido del caso Conzatti.
Puntual, el abogado del pueblo arribó al recinto legislativo para cumplir con su comparecencia ante quienes integran la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXV Legislatura local.
Números alegres, cifras que no convencieron y argumentos que no se esperaban fueron parte de su informe, el cual se resumió en al menos ocho cuartillas.
“¿Existe hoy corrupción en la Fiscalía General del Estado? Por supuesto que sí. Todavía no
acabamos con ella. Es claro que hay testigos que no se presentan porque son amenazados o incluso asesinados antes de ratificar nada”, evidenció.
En los primeros minutos de su discurso, con la ausencia de los diputados del PRI, Peimbert Calvo expuso que desde el 18 de marzo de 2021 su trabajo en la Fiscalía inició con una auditoría a las carpetas de investigación que seguían abiertas.
“Encontramos graves carencias, por acción u omisión, en las indagatorias sobre diversos casos que han agraviado a la sociedad. La deficiencia en esas investigaciones son un agravio a la sociedad, que merece justicia, que merece una Fiscalía al servicio de la justicia, y no una institución plagada de corrupción y de delincuencia interna”.
El funcionario, insistió justificar estar impedido por la Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revelar datos sensibles de indagatorias de feminicidios y desaparición forzada.
Así como lo integrado en la carpeta de investigación con motivo del despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad y solo presentar un informe lleno de números.
En el acuerdo de la comparecencia estipulaba que el Fiscal debería rendir cuentas sobre feminicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y el caso del cártel del despojo, sin embargo, únicamente presentó cifras alegres, amparando sus nulos resultados en que por Ley esta imposibilitado de revelar el avance de las pesquisas.
Atribuyó la falta de resultados a problemáticas como la falta de técnica jurídica, abuso de autoridad, inacción y hechos de corrupción al interior de la Fiscalía. El Fiscal admitió que no puede acabar con la corrupción al interior del organismo.
“Es claro que hay testigos que no se presentan porque son amenazados o incluso asesinados antes de ratificar nada. Es claro también que la mayor incidencia de este fenómeno se presenta en la Cuenca del Papaloapan y en la Costa, regiones asoladas por el crimen organizado”.
Y agregó: “Es claro que hay agentes del Ministerio Público coaligados de manera perversa con defensores de oficio, con secretarios judiciales e incluso con jueces, para que el Derecho actúe de manera contraria a la justicia, a favor de intereses oscuros que necesariamente saldrán a la luz en los 531 procesos administrativos que iniciamos en 2021 y los 320 que hemos iniciado en lo que va de este año”, resumió.
Dio a conocer que de marzo del 2021 a julio del 2022, se iniciaron mil 467 carpetas de investigación en los municipios con mayor incidencia de despojo de inmuebles: Oaxaca de Juárez, con 106; Santo Domingo Tehuantepec, 64; Santa Cruz Xoxocotlán, 54; Santa María Colotepec, 49; Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 45; San Pedro Pochutla, 39; San Pedro Mixtepec, 36; Salina Cruz, 35, y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 33.
Sobre los feminicidios dijo que desde que está al frente de la Fiscalía General del Estado, del mes de marzo de 2021 y hasta julio de 2022, se iniciaron 63 carpetas de investigación por feminicidio, con 68
víctimas.
Los municipios con mayor incidencia de este delito fueron la Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Putla Villa de Guerrero, la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo,
Oaxaca de Juárez y San Pedro Mixtepec. Asimismo, expuso que en el mismo periodo se han judicializado 32 carpetas.
En 2022 precisó que se han obtenido 11 órdenes de aprehensión, 17 vinculaciones a proceso y cinco sentencias condenatorias, de las cuales dos fueron en el sistema tradicional.
“De marzo de 2021 a julio de 2022, la Fiscalía atendió a 256 víctimas indirectas de
feminicidio, de las cuales 190 fueron personas adultas y 66 niñas, niños y adolescentes en orfandad, familiares de 65 víctimas directas del delito de feminicidio”
También se atendió
a 31 víctimas directas de tentativa de feminicidio, brindándoles un total de mil 251 servicios.
Reconoció que actualmente hay una gran presencia del crimen organizado en Oaxaca. Peimbert Calvo reconoció que hace falta mucho en el tema de Procuración de Justicia, pero es necesario que todas las instancias se involucren para atender el problema.
Tras el informe de al menos ocho cuartillas, tocó el turno de las y los diputados, mismos que mostraron una actitud casi sumisa. Las únicas que levantaron la voz por el tema de los feminicidios y otros delitos fueron la diputada presidenta de la Comisión Liz Arroyo.
Además de Yesenia Nolasco y Adriana Altamirano, quienes incluso le cuestionaron la “beca” de seis años que se ganó.
