El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), interpuso un juicio de amparo indirecto contra la expedición, aprobación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dicha solicitud se suma a más de medio centenar de amparos interpuestos por diversos colectivos, y de los cuales, la semana pasada, la jueza federal Karla María Macías Lovera, concedió a la organización civil “Uniendo Caminos México” la primera suspensión provisional que impide transferir al Ejército, el control operativo y presupuestal de la GN.
Con la firma del Coordinador del GPPRD, Luis E. Cházaro, la Vicecoordinadora Elizabeth Pérez Valdez, y la legisladora promovente, Fabiola Rafael Dircio, en su calidad de indígena Mepha´a, del Pueblo Tlapaneco en el estado de Guerrero, fue presentado este Juicio de Amparo ante el juez de Distrito en turno en Materia Administrativa.
La legisladora denunció que fue violentado el proceso legislativo en su totalidad, a la vez que se incumplió el artículo 2º constitucional que garantiza la consulta previa, libre e informada hacia las comunidades originarias, además de diversos ordenamientos internacionales asumidos por el gobierno mexicano.
La solicitud de amparo presentada en tiempo y forma por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, establece que se violan preceptos no solo de la Constitución General mexicana, sino del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.
Nuestro país es una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas… Hablamos de alrededor de 15 millones de indígenas más 2.5 millones de afromexicanos, que representamos cerca de la quinta parte del territorio nacional.
Señaló que es difícil confiar en instituciones que -al paso de los años- nos han defraudado gravemente, en un sinnúmero de ocasiones: La matanza del 68, la matanza de Atenco, los 43 de Ayotzinapa, y podríamos mencionar más que, incluso, nunca salieron a la luz pública; por eso no existe confianza en esas instituciones
