Víctimas han recurrido al “desplazamiento forzado” ante amenazas
A dos semanas de que culmine la administración del actual gobierno estatal, las denuncias contra sus exfuncionarios acusados de despojos, suplantación de identidad, alteración de documentos notariales y manipulación de distintas dependencias públicas quedarán apiladas y en la impunidad, al no existir una sola detención de los involucrados.
De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Verdeja, el “Cártel del Despojo” en Oaxaca ha recurrido a desapariciones y asesinatos para adjudicarse bienes con alta plusvalía.
Aunque el funcionario no reveló los nombres de los señalados, sí destacó la participación de los Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), del Registro Civil y Notarios Públicos.
“Su actuar va acompañado de diversos delitos, en ocasiones violencia física donde se apoderan del inmueble, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad, e incluso en los casos más extremos privación de la vida, es decir, homicidio”, dijo Mejía Verdeja
Quiénes son y el modus operandi del Cártel del Despojo
El término “Cártel del Despojo” se le denominó al grupo de funcionarios públicos de la administración estatal, quienes supuestamente desde la Consejería Jurídica de Oaxaca que encabeza el notario con licencia del Estado de México, José Octavio Tinajero Zenil, se confabuló en marzo de 2020 para desaparecer la identidad de tres hermanos de apellidos Gómez Conzatti y Martínez.
Lo anterior, se fundamenta con base en la queja presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos y Pueblos de Oaxaca (DDHPO), por los hermanos Caleb, Ashmar y Herbé Gómez Conzatti y Martínez y en la carpeta de investigación 34584/FVCE/OAXACA/2020.
Donde las víctimas escudriñaron la forma en que operó el Registro Civil de Oaxaca y el IFREO para desaparecer sus identidades e intentar facilitarle al Notario Público No 135, Jorge Alberto Gómez Merlo la apropiación de diversos bienes inmuebles que les fueron heredados.
En las denuncias públicas aparecen José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca, Christian Hernández Fuentes, titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca durante el periodo de materialización de los actos que se señalan (2020), Jorge Armando Zarate Medina, Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (2020), José Antonio Lara Rodríguez, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y Gilberto Gamboa Escobar, Director del Instituto de la función Registral del Estado de Oaxaca.
Todos ellos relacionados directamente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde además de cargos en el servicio público han intentado obtener una curul en el Congreso del Estado.
Además, se enlistan a otros funcionarios como Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central, del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2020), Juan Gabriel Rodríguez Matus, Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil del Estado de Oaxaca.
Tras ventilarse el caso de los hermanos Gómez Conzati y Martínez en 2020, se dio una escalada de denuncias en contra de los mismos funcionarios a quienes calificaron como el “Cártel del Despojo”, y que abrió las puertas para visibilizar la corrupción que impera en los despachos notariales de la entidad.
Tribunal de Oaxaca sin liberar órdenes de aprehensión
A dos años del caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez y pese al anuncio de las ordenes de aprehensión que realizó el pasado mes de agosto el fiscal Arturo Peimbert Calvo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), no las ha emitido.
En entrevista con esta reportera, Caleb Gómez Conzatti y Martínez hizo votos para que el presidente del TSJO, magistrado Eduardo Pinacho instruya a los jueces emitir las ordenes de aprehensión.
“Nosotros presentamos dos denuncias de ahí desprenden varias carpetas de investigación que por los hechos el Tribunal debería emitir unas seis órdenes de aprehensión contra los directivos de las dependencias involucrados, no a servidores públicos menores, sino quienes estuvieron al frente de las dependencias porque solamente con su anuencia se pudieron realizar estos delitos”, sentenció Caleb Gómez Conzatti y Martínez.
Desplazamiento forzado ante amenazas
La víctima agregó que las amenazas e intimidaciones no han cesado, por el contrario tras darse a conocer el modus operandi de los políticos y fedatarios, se vio obligado a salir de la Ciudad de Oaxaca, lo que calificó como un desplazamiento forzado.
“Mientras yo me la vivo escondido por el miedo, los delincuentes se pavonean con el gobernador en los diferentes eventos, cada día que pasa sin ser detenidos es un día más de impunidad, esta administración termina y se van a ir sin castigo los integrantes del Cartel del Despojo, y no sólo es eso, sino que está en juego la vida de las víctimas”, reiteró Caleb.
Con base en la información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), de marzo de 2021 a julio de 2022 se documentaron mil 467 carpetas de investigación por la apropiación ilegal de bienes inmuebles, de ellas, un 14.5 por ciento, es decir, 213 de las carpetas de despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.
A lista de servidores públicos, políticos y familias de renombres en Oaxaca que se dedican a suprimir identidades, revivir muertos, intimidar, amenazar para concretar los despojos se agregan la de los Notarios Públicos Omar Abacuc Sánchez Heras (38), Arturo David Vásquez Urdiales (100) José Jorge Enrique Zarate Ramírez (84), Alejandro Vidaña Luna (106), Jorge Merlo Gómez (135), Eduardo García Corpus (105), Patricia Villanueva Abraján (124) y Rafael Avilés Álvarez (133), hermano de Alejandro Avilés, uno de los principales operadores políticos del PRI en el estado.
En las investigaciones que tiene la Fiscalía detalla que ubican una propiedad que le resulta atractiva por la plusvalía, por la ubicación o por presumiblemente incluso no tener un propietario visible, indagan en los registros públicos, catastro y en el Registro Civil y a partir de la colusión con los notarios simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios de estos inmuebles.
“Una vez que proceden a hacer este cambio, esta simulación, hacen inscripciones precautorias en el Registro Público de la Propiedad, en el catastro, y modifican las escrituras. En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes que intervienen para, en colusión con servidores públicos y notarios, alterar las escrituras y las inscripciones registrales”, agregó Mejía Verdeja.
El funcionario agregó que el esquema de corrupción ha revelado que seis notarios estarían involucrados en el asesinato de la panista Ivonne Gallegos y del Magistrado Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez ocurridos en marzo y septiembre de 2021.
“Por estos hechos servidores públicos y al menos seis notarios se encuentran vinculados a actos de despojo en el estado de Oaxaca”, subrayó el servidor público federal, al agregar que el asesinato de Carlos Eduardo López, operador político de Antonino Morales Toledo, brazo derecho del gobernador electo Salomón Jara Cruz también obedece a un tema de despojo.
En respuesta, el notario número 100, David Vásquez Urdiales dijo que los señalamientos tienen un trasfondo y se trata de quienes buscan el control de la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, “esas versiones en contra del notariado oaxaqueño, son excesivas y de mala fe”, dijo al defender a su gremio y referir que las leyes están para cumplirse y que no se frivolice el actuar del TSJO.
Vásquez Urdiales es uno de los notarios que recientemente firmó un convenio de colaboración con el morenista y presidente de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, para la elaboración gratuita de testamentos, al señalar que es un apoyo a la ciudadanía.
