Queda muy claro que la vida cívica, el gobierno cívico, sólo es factible en el marco de la ley, sin éste es muy complicado tener una República. La razón es el otro elemento de la vida cívica, sin ley y razón es difícil encontrar las libertades y la seguridad que son los fines del Estado cívico.
El gobernante cívico tiene que ser un arquitecto de la política y de las instituciones. Es un moderador de la República puesto que debe mantener el curso de la República y sobre todo, situar a cada ciudadano en el lugar más apropiado. Esto de mantener el curso de la República es el verdadero sentido de gobierno, el ejercicio del mandato es precisamente para mantener el curso y no es un acto de dominio per se.
Este mantenimiento del curso de la República es mucho más complicado si esta República se halla infestada de corrupción, incluso por el hacho de la corrupción deja de ser considerada una República. En un régimen corrompido es necesario cortar desde la raíz, desde su Constitución y sus leyes y restablecer la vida cívica, es decir, la vida política propiamente dicha.
El moderador y el reformista deben saber el oficio de la política, es decir, ser habilidoso, elocuente, persuasivo y saber deliberar con prudencia. Por eso, en el diseño del nuevo régimen se debe usar la belleza y precisión del arquitecto. Las virtudes que deben tener el moderador y este arquitecto de gobierno y de la política deben combinar bien las diversas virtudes del gobernante.
La fortaleza sin prudencia es posible que se transforme en temeridad, que no es siempre una virtud para todo tiempo y espacio. La prudencia sin justicia es posible que adquiera el carácter de astucia o malicia. La templanza sin fortaleza es irremediablemente pereza, asimismo, la justicia sin templanza se puede corromper y convertirse con seguridad en crueldad (Viroli: 2009). Desde luego, un gobernante virtuoso es el que tiene estas cuatro calidades: Justicia, prudencia, fortaleza y templanza.
Desde luego, el gobierno por operación política está lejos el gobierno por tiranía, la operación política se instituye para salvar la República cívica, no es un fin en sí mismo, en cambio el gobierno por tiranía es un fin en sí mismo, de esto no cabe duda. Las metas de gobierno son perversas, las de la operación política son políticas para el bien común.
La secritud de los asuntos públicos es norma del tirano, sólo cuando son perniciosos es asunto de operación política. El tirano es proclive al fomento de la discordia entre los ciudadanos, tiende a la humillación de los más importantes. El gobierno por operación política gusta de la unidad de los ciudadanos, facilita la toma de decisiones, sólo maneja aquellos influyentes que pretendan superar la fuerza del Estado.
En la tiranía se prohíben las reuniones públicas de los ciudadanos para evitar la construcción de cualquier fuerza que se oponga al gobierno, los invita exclusivamente a sus asuntos privados y particulares, sin preocuparse de los asuntos del Estado que es cuestión exclusiva del tirano. En el gobierno por operación política sólo es prohibido una reunión pública si pone en riesgo la seguridad de la población e informando a los ciudadanos del hecho.
El disimulo es propiedad permanente del tirano, por operación política, sólo en caso necesario. La ambigüedad y la falta de claridad son características del tirano, en la operación política la precisión; el tirano asienta la cabeza para decidir, en la operación política se expresa con decisión el mandato. El tirano gobierna por la pasión, en la operación política, precisamente sólo por la razón.
En la tiranía toda depende de la voluntad del gobernante, en la operación política todo depende de la ley y de sus márgenes. En la tiranía no hay manera que la sociedad reciba las bendiciones de la buenaventura, no hay paz ni concordia, ni justicia, ni benevolencia, mucho menos prosperidad. En la operación política, en todo tiempo se busca la paz, la armonía, la justicia, la benevolencia, sobre todo, la prosperidad de la población.