Organizaciones internacionales no gubernamentales de apoyo a migrantes denunciaron la grave situación de la población venezolana, principalmente niñas y mujeres, que tuvieron que enfrentar por su paso en territorio mexicano, en particular en la frontera con Chiapas y el módulo ubicado en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.
De acuerdo a un estudio y diagnóstico de su trayecto por México, las mujeres y personas LGBTIQ+ venezolanas “continúan expuestas a diferentes tipos de violencia de género, inclu- so violencia sexual, en rutas alternas a carreteras que usan con la intención de no encontrarse con retenes de autoridades migratorias y fuerzas de seguridad”.
De acuerdo a las organizaciones, realizaron recorridos por Tapachula, Chiapas y San Pedro Tapanatepec, Oaxaca para documentar las condiciones de las mujeres y la población LGBTIQ+ migrantes venezolanas.
Señalaron que este proceso de tránsito de migrantes se complicó tras la implementación de diferentes acciones para frenar la migración, por parte de Estados Unidos y México, como las expulsiones bajo Título 42 de población venezolana, y el llamado programa parole humanitario, y la imposición de visa a esa nacionalidad, por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Durante una semana de trabajo, entrevistando a mujeres y personas LGBTIQ+ migrantes, instancias internacionales, organizaciones de la sociedad civil y algunas dependencias gubernamentales locales, se registró que entre los principales retos que enfrentan es acceder al asilo o alguna figura de regularización migratoria.
Lo anterior-añadió- principalmente por la falta de información real y oficial sobre las nuevas políticas migratorias; la persecución de las autoridades migratorias que terminan en detenciones; los tiempos largos de espera -de 3 meses a 2 años.
También por la separación familiar ante la imposibilidad de demostrar vínculos directos con la niñez y la adolescencia; vuelos de retorno a su país sin información de qué sucede a su llegada o si se les explicó sus opciones de estancia en México; y la violencia de género.
De su estancia en Tapanatepec precisaron que el traslado de personas venezolanas hacia San Pedro Tapanatepec respondía a la necesidad de encontrar una manera de desplazarse en el país de manera regular.
Sin embargo, agregaron, se observó que las Formas Migratorias Múltiples otorgadas en ese lugar habían cambiado respecto al periodo en el que se permite la internación normalmente, pasando de 180 días a 14 o 7 días.
Asimismo, explicaron, las formas iban selladas indicando que el tránsito estaba permitido únicamente dentro de la entidad emisora, es decir, dentro de los límites del estado de Oaxaca.
También, añadieron, se limitó la movilidad de las personas venezolanas a Oaxaca, “lo que significa una clara violación al marco normativo migratorio y constitucional mexicano vigente”.
Finalmente, el 12 de diciembre, tras cuatro meses y medio desde su apertura, el INM cerró el módulo, luego de haber otorgado más de medio millón de formatos “FMMs” a personas en situación de movilidad de más de 100 nacionalidades.
Denunciaron que el INM no proporcionó una explicación sobre el por qué del cierre, y a fines de noviembre, migración instaló un centro de atención provisional en el Parque Ecológico de la ciudad, o en el municipio de Huixtla.
Acusaron que la escasez de opciones de vivienda digna y de albergues adaptados a las necesidades de las personas con múltiples vulnerabilidades en el suroeste de México (así como de asistencia humanitaria en San Pedro Tapanatepec mientras allí funcionó el módulo del INM), agravaron la situación de violencia de género contra las mujeres venezolanas.
Las organizaciones expusieron que entre octubre 2021 y septiembre 2022 se registraron 189 mil 520 eventos de detención de personas venezolanas en la frontera entre México y Estados Unidos, un incremento de 275.2% en comparación con el mismo periodo de 2021.
En México -puntualizó el estudio- los eventos de detención de esta población pasaron de 4 mil 360 en 2021 a 72 mil 762 hasta octubre de 2022. A su vez, los registros de quienes cruzan la selva del Darién en los límites fronterizos de Panamá y Colombia pasaron de 2 mil 819 en 2021 a 148 mil 285 hasta octubre de 2022.
El documento incluye recomendaciones dirigidas a los gobiernos de México y Estados Unidos.
En ese sentido, al gobierno mexicano se insta a: ofrecer Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias con autorización para trabajar con vigencia mínima de un año; terminar con la estrategia de instalación de módulos de atención del Instituto Nacional de Migración para la entrega de Formas Migratorias Múltiples en lugares remotos.
Además piden dejar de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la implementación de políticas como Título 42 que violan las leyes de Estados Unidos, México y el derecho internacional; y eliminar las revisiones migratorias en carretera de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de la Nación (275/2019).
Mientras que al gobierno estadounidense se le pide: “tomar todas las acciones posibles para acabar con la política de Título 42 y restaurar el acceso al asilo en la frontera de Estados Unidos-México; eliminar el requisito de un pasaporte para aplicar al programa parole para personas venezolanas, y ampliar el número de plazas disponibles del programa”, entre otras.
Entre las organizaciones que participaron en este estudio se encuentran: Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Centro para la Democracia en las Américas (CDA), el Instituto para Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y la Comisión de Mujeres para las Personas Refugiadas (WRC).
