Sentenciado a tres años de prisión por haber fotografiado un acto de injusticia, el ciudadano Rubén Salvador Martínez ex alcalde de Santo Domingo Teojomulco, hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales, estatales y federales, a fin de denunciar que se encuentra injustamente encarcelado y requiere ratificar un juicio de amparo que promovió ya que se encuentra incomunicado.
En una carta a puño y letra, el ex alcalde acusó que las autoridades municipales encabezadas por Otoniel Cruz Díaz, el síndico Pablo Juárez Mozo y el suplente del síndico Francisco Lazcarez Rodríguez lo mantienen retenido en la cárcel que se ubica en el sótano del Palacio Municipal sin haber cometido ningún delito.
Expuso que el último día del mes de octubre, fue destituido del cargo y detenido por órdenes de las citadas autoridades, por haberle tomado una fotografía a la señora Erika Díaz Martínez y a su hija de un año de edad que se encontraban detenidas en la misma cárcel desde mayo de este mismo año.
Relató que la señora Erika fue sentenciada a 15 años de prisión, el pasado 23 de noviembre, pero retenida desde mayo.
“Siempre manifesté públicamente estar en contra de la forma en que se le juzgaba y privaba de su libertad, al igual que al Señor Rubén Gutiérrez Silva”.
Ambas personas fueron acusadas de haber desviado recursos de la gasolinera comunitaria, sin que mediara un juicio y se les permitiera presentar pruebas donde se aclaraba su actuación como administradores del lugar.
El ex alcalde acusó que por haber expresado su opinión por esta injusticia había sido reprendido con su encarcelamiento por unos días, sin embargo la toma de la fotografía provocó su retención y fue sentenciado ahora por tres años.
Expresó que como alcalde tuvo como propósito actuar conforme a la ley, “siempre traté de desempeñar mi cargo como la ley lo indica, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política”.
Cabe destacar que la señora Erika fue sentenciada a 15 años de prisión y una multa de 11 millones de pesos, mientras que a Rubén Gutiérrez Silva lo sancionaron con 6 años de cárcel y dos millones de pesos, por “mala administración”.
Sin que hasta el momento se les permita tener acceso a tribunales imparciales, con el argumento de que esa población se rige por el Sistema Normativo Interno o “usos y costumbres”, de manera que sólo el munícipe y sus allegados pueden emitir resoluciones en materia de justicia.
Cabe destacar que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHDPO) no se ha pronunciado por ninguna de estas denuncias que se han difundido desde mayo pasado.
