Después de siete meses de permanecer retenida ilegalmente, Erika Díaz con su bebé de un año en la cárcel municipal de Santo Domingo Teojomulco, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), “sigue integrando su expediente de investigación en relación a este caso”, ante la presunción de violaciones a derechos humanos cometidas.
El organismo autónomo señaló que, “si bien respeta la facultad de que tiene la comunidad para resolver los conflictos dentro de su territorio, sus resoluciones deben ser cuidadosas de no violentar derechos de grupos de atención prioritaria como lo son las niñas, niños y las mujeres”.
De igual forma -añadió el organismo autónomo- si bien es un derecho de una madre privada de la libertad tener a su hijo/a con ella, también lo es que ninguna prisión es un espacio digno para que las niñas y niños puedan desarrollarse física, social y emocionalmente de forma adecuada.
Señaló que el sistema jurisdiccional indígena tiene la obligación de que sus determinaciones no lesionen la dignidad de las personas, en especial de aquellas que por sus condiciones han sido históricamente discriminadas o excluidas, así como permitir un mecanismo básico que garantice un proceso justo para las personas que son señaladas de haber cometido una infracción.
Luego de que la Red de Abogadas Indígenas expusiera el caso y solicita a la DDHPO su intervención, el organismo Informó que dictó medidas cautelares, desde octubre de 2022.
Apuntó que, a través del expediente DDHPO/1609/(20)/OAX/2022 solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, iniciar una carpeta de investigación por privación de la libertad; además de solicitar a la entonces Secretaría General de Gobierno (Segego), llevar a cabo mesas de negociación, así como mediación para lograr salidas alternas al presente conflicto.
La institución también requirió al municipio de Teojomulco que rindiera un informe sobre los hechos que se les atribuyen, además de abstenerse de causar actos violatorios a los derechos humanos contra las dos personas detenidas, así como a sus familiares.
En ese sentido, la Defensoría precisó que sigue integrando su expediente de investigación en relación a este caso y se pronunciará próximamente por las probables violaciones a derechos humanos cometidas.
No obstante, la DDHPO señaló que “desafortunadamente”, al igual que en Teojomulco, existen otros municipios al interior del estado que, amparados en un incorrecto uso de la jurisdicción indígena han puesto en riesgo derechos de niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, “razón por la cual se vuelve fundamental señalar esos excesos”.
Por otra parte, aclaró que ha documentado que las cárceles municipales son centros que carecen de condiciones de higiene, espacios adecuados, energía eléctrica, separación entre hombres y mujeres, por lo que recientemente emitió una recomendación general por defunciones en estos espacios.
Enfatizó por ello “la preocupación de que personas en condiciones de atención prioritaria se encuentren privadas de la libertad desde hace meses en la cárcel de Teojomulco, lo cual pone un nuevo precedente de actos graves de violaciones a derechos humanos que se pueden registrar en los centros de detención municipal”.
