• En menos de 30 días, el Poder Judicial de Oaxaca se ha visto involucrado en decisiones poco claras en casos mediáticos y de justicia.
Aumentan las denuncias ciudadanas en contra del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, derivado de las determinaciones de jueces en temas con trascendencia mediática que involucran claras faltas a la justicia, por lo que este poder pasa por una crisis de legitimidad.
Uno de los primeros casos se dio a conocer el pasado mes de diciembre del año 2022, por parte de la familia de la activista Claudia Uruchurtu, desaparecida en Asunción Nochixtlán, momento en el que, se denunció al Poder Judicial de Oaxaca y la jueza María Teresa Quevedo por “sucumbir intereses y desvirtuar la justicia y la verdad”.
Esto, con relación a la obtención de una condena cuatro años y dos meses contra la expresidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth H., mientras que, a otras personas, se les dictó entre cuarenta y 60 años de cárcel.
En tanto, otro de los hechos que se denunciaron fue el de este miércoles por parte de la familia de la joven Abigail Hay, fallecida el pasado mes de agosto del año 2022, dentro de los separos municipales del Puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo. En este sentido, el papá de la joven, José Luis Hay, destacó que tras contar con las evidencias y el fundamento legal y sin dar más detalles, un juez determinó otorgarle la libertad al ex juez cívico de Salina Cruz.
“Desde que inicié en la audiencia, noté que el juez estaba a favor de ellos, cuando él determinó la sentencia, dio muchas vueltas para decir que solo quedaban en libertad”, sentenció.
Sin embargo, uno de los casos que ha trascendido en los últimos días, es la determinación de integrantes del Comité de Víctimas de San Mateo del Mar, quienes evidenciaron la omisión e inaplicación de la justicia tras la liberación de Camerino D., presunto implicado en la masacre de Huazatlán del Río en el año 2020.
Los manifestantes comentaron que la jueza Guillermina Ortega Domínguez dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Camerino D, bajo el argumento que se acreditó la atipicidad como excluyente de los delitos de homicidio y feminicidio.
Los inconformes añadieron que con este tipo de conductas, las autoridades judiciales envían un mensaje de impunidad a favor de los implicados, “quienes se solazan de que en Oaxaca sus crimines, quedando impunes por un aparato de justicia torpe o brutalmente corrupto”.
