La intromisión de los Ejecutivos Federal y Estatal en el caso de la saxofonista María Elena Ríos, es una falta de respeto a la división de poderes y raya en el desacato al impedir que se cumpla una orden judicial que instruyó el arraigo domiciliario para el imputado, Juan Antonio V. C., consideró la familia y la abogada del empresario gasolinero.
La abogada Maribel Pérez Santaella señaló que impedir el cumplimiento de una orden judicial marca un grave precedente para la justicia y particularmente para la figura del amparo ya que independientemente de la persona, todo ciudadano tiene derecho a pedir la protección contra los actos o bien omisiones de una autoridad.
En ese marco, señaló que el Juez de Distrito confirmó que sigue firme la resolución para que el acusado sea trasladado a su domicilio en arraigo domiciliario, para continuar su proceso legal.
La abogada del empresario gasolinero, señaló que ante la negativa del Ejecutivo Estatal de proporcionar los elementos de seguridad que se requieren para realizar la diligencia ordenada por el juez, interpuso nuevamente un recurso ante un juzgado federal dando aviso de dicho incumplimiento.
Dijo que al mismo tiempo la defensa de la víctima también había interpuesto otro recurso incidental, sin embargo, el juez de control resolvió no ha lugar ya que será el Tribunal Superior de Justicia mediante una apelación en su caso quien resuelva.
En la misma resolución, dijo la abogada, también les notificó que el Poder Ejecutivo “carece de elementos de la policía que realicen el traslado de la cárcel de Tanivet al domicilio citado, por lo que ordenó “resolver a la brevedad” para que se den las condiciones necesarias y se cumpla lo ordenado.
Precisó que su defendido presentó las pruebas necesarias para el cambio de medida cautelar luego de permanecer dos años en prisión sin tener una sentencia, por lo cual la ley permite hacer esa petición.
Expuso que en la reciente audiencia se demostró el estado deteriorado de salud del imputado, “se presentaron las pruebas del Parkinson que ha desarrollado y que se ha vuelto dependiente de otros para realizar funciones vitales, y pese a que la parte ofendida tuvo en todo momento la oportunidad de presentar sus alegatos sin embargo el juez validó estos hechos”.
Abundó que para garantizar que el imputado no pudiera darse a la fuga, su defendido ofreció adquirir con sus propios recursos el equipo de seguridad como lo es un brazalete para ser monitoreado.
Cuestionada sobre las críticas que se han manifestado de parte de la parte ofendida, consideró que serán las instancias judiciales las que determinarán lo que corresponda.
“A pesar de que la voz popular ha juzgado, la familia y mi defendido confían que habrá justicia y se resolverá conforme a derecho su caso”, concluyó.
