*Exigen que pida perdón de rodillas, para liberarlo
*El amparo del ex alcalde pide al Gobernador Salomón Jara Cruz y al Secretario de Gobierno aplicar la orden judicial
A mano alzada y escudados en una asamblea comunitaria, las autoridades de Santo Domingo Teojomulco mantienen retenido al ex alcalde de la localidad Rubén Salvador Martínez acusado de “mala conducta”, aun cuando existe una orden judicial para su excarcelación.
Sin tomar en cuenta el amparo otorgado por el Juzgado Décimoprimero de Distrito en el estado de Oaxaca, de plano y de oficio, de acuerdo a un acta de asamblea, el ex alcalde sigue recluido en la cárcel municipal luego de fotografiar Érika Marina Díaz Martínez, con su bebé de menos de un año de edad, que injustamente había sido recluida.
Para liberarlo no sólo establecieron una pena de 3 años de cárcel sino que ahora también exigen que pida perdón de rodillas.
“El día 1 de noviembre de 2022, cuando descubrimos el mal comportamiento de Rubén Salvador Martínez se tomó la decisión de suspenderlo del cargo de alcalde”, precisa el documento sellado y firmado por el cabildo.
Lo anterior “por franca desobediencia”, luego de señalar que no pidió autorización para tomar fotos con su teléfono, ya que de acuerdo a los usos y costumbres, “únicamente quien ostenta el cargo de teniente puede tener acceso y comunicación con los asegurados en la cárcel”.
En el acta describieron que le revisaron el celular al ex alcalde “nos percatamos que ya había borrado las fotografías, pero se encontraban en la bandeja de reciclaje”.
Convertidos en fuente ovejuna, el Cabildo sentenció a 3 años de prisión al ex alcalde “por tomar fotografías en forma discreta o a escondidas, ya tenía mala intención, es una falta grave”.
Para sustentar su retención, después de haber obtenido el amparo, en el acta de asamblea, las autoridades municipales argumentaron que “es claro que las reglas de convivencia de una comunidad no coinciden con las de las ciudades”.
“Lo que para nosotros es una conducta grave para la ley del gobierno no lo es y así hemos vivido desde hace muchos año, aquí en Teojomulco cuando las autoridades hacen justicia y una parte está inconforme luego van a Sola de Vega y ponen su demanda por abuso”.
Además cuestionaron si ydeben permitir que la ley del gobierno resuelva sus conflictos internos, “o ¿nosotros debemos resolver los conflictos internos conforme a nuestra ley comunitaria?”.
En su acta, responden que “aunque el gobierno meta al bote a las autoridades comunitarias, seguiremos aplicando nuestros usos y costumbres porque nos han servido para vivir en orden”.
Y agregan: “si dejamos que la ley del gobierno se nos aplique vamos a vivir como en la Ciudad, en donde hay mucha gente desobediente que el gobierno ya no puede con ellos, ya que el gobierno se hace de la vista gorda y mejor deja que hagan lo que quieran”.
Subrayaron que el gobierno “no conoce nuestros usos y costumbres, quién sabe de qué manera podemos decirles, para que se den cuenta que no somos salvajes, sino que nosotros somos autoridades que hacemos justicia como los jueces mexicanos”.
No obstante, para los usos y costumbres de las autoridades municipales de Santo Domingo Teojomulco, mientras tomar fotografías se paga con cárcel, el abuso sexual a menores es cosa de nada.
De acuerdo a documentación en poder de la sindicatura de ese ayuntamiento y a testigos que piden su anonimato por temor a represalias, “el presidente municipal actual, Uriel Leon Venegas, hace unos años intentó violar a una adolescente y por gritos de la joven su familia llegó pero solamente pago 20 mil pesos y ni siquiera fue a la cárcel”.
Erigidos como “fuente ovejuna”, a mano alzada y azuzados por las autoridades municipales, 343 personas de 600 integrantes de la asamblea, votaron a favor de mantener al ex alcalde 3 años en la cárcel municipal.
En el amparo que otorgó desde el 3 de diciembre de 2022, el Juzgado Décimoprimero de Distrito en el estado de Oaxaca, se vinculó al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno para que coadyuve a qué las autoridades de Santo Domingo Teojomulco a que cumplan con la suspensión de plano y de oficio para que lo pongan en inmediata libertad de acuerdo al número de expediente 1395/2022, mesa IV-A.
Pese a la orden judicial que tenía un plazo de 24 horas para cumplirse, las autoridades municipales encabezadas por el presidente Otoniel Cruz Díaz, Pablo Juárez, síndico, y el cabildo, en desacato incumplieron la resolución.
En tanto que a un mes de haber tomado protesta el nuevo cabildo presidido por Uriel León Venegas, exigió al ex alcalde pedir perdón de rodillas ante la asamblea comunitaria para permitirle su libertad.
Cabe mencionar que otro de los retenidos ilegalmente en la cárcel municipal, en condiciones inhumanas y degradantes, Rubén Gutiérrez Silva, fue liberado después de pagar 1 millón 700 mil pesos.
Junto con Érika Marina Díaz Martínez -y su bebé-llevaban mas de 8 meses encarcelados en condiciones deplorables, acusados de presuntos desvíos de recursos en la gasolinera que pertenece a la comunidad, donde eran administradores, pero fueron obligados a ostentarse como dueños.
En el caso de Érika Marina Díaz Martínez, a quien no permitieron conocer la supuesta auditoria argumentando “desvío” y realizada por un pseudo auditor de la comunidad de nombre Mecinas Quero, contratado por el mismo ex presidente municipal, las autoridades municipales actuales la mantienen en la cárcel sin derecho a tener un juicio justo.
