Más preocupados y urgidos por el proceso electoral de Oaxaca y ver cómo se colocan con los candidatos, diputados de la LXII Legislatura de Oaxaca, llevan más de dos años con la iniciativa de Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano y es la hora que no legislan sobre este tema trascendental para la entidad.
Los representantes populares han puesto oídos sordos a los múltiples llamados no solo de la sociedad civil, sino también de agentes municipales de comunidades que cuentan con una alta población indígena, pero parece que las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y la chiquillada poco les importa el tema.
Los diputados locales andan en franca campaña, cada uno con su coalición preferida, de acuerdo a sus intereses, como el priista Alejandro Avilés Álvarez, el perredista Jesús López Rodríguez y la panista, Antonia Natividad Díaz Jiménez, y les importa muy poco el tema indígena, eso para ellos, no tiene la menor importancia, así lo han demostrado.
En denuncias públicas, Salvador López, presidente municipal de Santiago Comaltepec; Feliciano Cruz, de Santa Catarina Lachatao; Omar Lara, de San Juan Chicomezúchil; José García, de Guelatao de Juárez y Raymundo López, asesor municipal de municipios de la Sierra Juárez, denunciaron que desde el 2001, el Congreso está obligado a legislar en materia indígena, cuya población en Oaxaca es más del 70%, sin embargo, hay desinterés de los legisladores de diversos partidos políticos en hacerlo.
Destacaron que zapotecos y chinantecos de la Sierra Juárez, cuyas autoridades se rigen por Sistemas Normativos Internos, hoy se encuentran unidos para exigir a legisladores que se pongan a trabajar como están obligados y dejar de convertir el recinto legislativo en un espacio de pleitos por intereses ajenos a las necesidades del pueblo de Oaxaca.
¡Qué tal!
Recordaron que en el 2013, las comunidades fueron consultadas por primera vez en la historia de Oaxaca, con la finalidad de expresar lo que aspiran que debe reconocerse en la Constitución Estatal como Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, con la realización de dos foros que dieron origen a la iniciativa de ley de la cual demandan su aprobación.
Los representantes de la Unión, integrada por 26 municipios de la Sierra Juárez, manifestaron que se encuentran convencidos de que en la Iniciativa de Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca que presentó el gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, fueron recogidos sus planteamientos, pero han pasado dos años de la presentación de ésta y sigue paralizada.
“Exigimos que lo que se ha invisibilizado se haga manifiesto en su justo peso, que lo que se ha discriminado sea desagraviado. No queremos privilegios, queremos que se reconozca la diferencia para alcanzar la igualdad de derechos y encaminarnos a la construcción de un Oaxaca en el que se privilegie el diálogo en lugar de la soberbia y la injusticia”, exigieron las autoridades.
No es posible que desde el 2013 en que fueron consultadas las comunidades indígenas, hasta el momento no exista la voluntad por parte de los legisladores estatales para analizar, discutir y en su caso aprobar una Ley que le urge a Oaxaca por el tema indígena.
Este es el último año de ejercicio legal de la LXII Legislatura del Estado, y en su haber existen varios pendientes legislativos, pero no fuera una solicitud de préstamo financiero del Gobierno, donde sí se llevan buenos dividendos, porque de inmediato lo aprueban, pero en temas donde saben que no tendrían ganancias políticas, lo hacen a un lado.
No hay seriedad, ni compromiso por parte de los diputados de todas las fracciones parlamentarias en la LXII legislatura, para con los pueblos indígenas.
¡Qué irresponsabilidad!
¡Y que estalla la crisis en el Tribunal Electoral!
En la pasada sesión del Tribunal Electoral de Oaxaca, estalló la crisis financiera, cuando el magistrado Víctor Manuel Jiménez Viloria pidió el uso de la palabra para abordar un tema álgido sobre la situación económica por la que atraviesa dicho organismo, al cual la Secretaría de Finanzas, por enésima vez, lo deja sin la ministración de sus recursos.
Chequen lo que dijo el magistrado Jiménez Viloria:
Quiero aprovechar la presente sesión, para reiterar públicamente la situación presupuestal de este Tribunal, la cual hasta el día de hoy continúa siendo lamentable.
Como órgano autónomo hemos realizado las gestiones necesarias para la obtención de recursos, girando los oficios correspondientes al titular del poder ejecutivo, a los diversos órganos de la Secretaría de Finanzas, y a los Diputados integrantes del Congreso del Estado, sin haber obtenido respuesta alguna al respecto.
Lo cual ha originado que la autonomía y la operatividad del órgano se vean seriamente lastimadas, desde que fuimos nombrados el 9 de diciembre de 2015, no hemos recibido un solo peso, ni de la parte proporcional del ejercicio 2015, ni del ejercicio 2016.
Es decir, que nos encontramos operando totalmente sin recursos desde hace mes y medio, aunado a que no contamos con vehículos, copiadoras, escáneres, fax, ni materiales esenciales para el funcionamiento de un Tribunal, porque el equipo con el que se contaba en la integración anterior pertenecía al poder judicial y fue devuelto al mismo, los pocos insumos que fueron entregados se están agotando.
No omito manifestar, que este Tribunal atiende no solo la tramitación y resolución de los medios de impugnación previstos en la ley, ya que como parte de su labor diariamente se tramitan cuadernos de antecedentes, cuadernos de amparo, cuadernos de impugnación de resoluciones dirigidas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así como notificaciones en todo el estado, tanto de este órgano como en auxilio de labores de la Sala Superior y de la Sala Regional Xalapa, se giran oficios, circulares, envíos de paquetería oficial; se realizan diligencias procesales, así como sesiones y audiencias públicas y privadas, de resolución, toma de acuerdos y de atención a la ciudadanía.
Actividades que día a día implican un costo económico y material para este Tribunal, ya que su actuar no puede quedar paralizado, razón por la cual en un acto de solidaridad los gastos de operación han sido asumidos por los servidores públicos que laboramos en este órgano, circunstancia que se torna grave y difícil de sostener si se toma en consideración que tampoco han sido cubiertos los salarios del personal por parte de esta nueva integración, lo cual es una violación flagrante a sus derechos humanos.
En ese sentido, quiero aprovechar este momento, para agradecer a mis compañeros magistrados y al personal que aquí labora por el compromiso y la institucionalidad que han demostrado, a pesar de la situación de austeridad total en la que nos encontramos.
Todo lo anterior, se ve reflejado en una seria merma hacia la impartición de justicia electoral, pues las actividades jurisdiccionales y administrativas de este Tribunal no pueden ser desahogadas en los breves plazos previstos en ley, pues vuelvo a reiterar que estamos en proceso electoral, y si las actividades ordinarias de este órgano son bastas, en proceso electoral aumentan porcentualmente y los plazos se tornan fatales.
Es por ello que este órgano ha agotado todos los medios a su alcance para cumplir con las obligaciones previstas a nivel constitucional y legal en los plazos establecidos para ello, haciendo del conocimiento de diversas instancias locales y federales la situación en la que nos encontramos y los impedimentos que tenemos para cumplir con las mismas, levantando para ello las certificaciones atinentes.
En ese sentido, la Sala Superior y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han demostrado una gran sensibilidad con el tema, llegando al punto de pagar el envío por mensajería especializada de dos juicios de revisión constitucional electoral que teníamos la obligación de remitirles en el plazo de 24 horas.
Así también, se giró al Presidente de la citada Sala Superior un oficio en el cual se le solicitó su apoyo para materiales, vehículos e insumos necesarios y urgentes, para que en caso de que fuera posible, en un ejercicio de colaboración interinstitucional fueran subministrados a este órgano.
Con lo anterior, quiero dejar en evidencia que hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para cumplir con los retos que presenta este proceso electoral, pues tenemos un compromiso con la ciudadanía oaxaqueña y con el personal que aquí labora.
Para cumplirlo, y en caso de que no sean subministrados los recursos económicos que legalmente le corresponden a este órgano, quiero dejar en claro que mis compañeros magistrados y yo, haremos uso de otras medidas jurídicas, incluso contenciosas, que sean necesarias para defender la autonomía de este Tribunal en pos de la democracia oaxaqueña, para este proceso electoral 2016.
Qué terrible, los trabajadores tampoco han recibido sus salarios ya devengados desde diciembre.
Y no hay para cuándo, hay que se aguanten.
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