Hay voces que aseguran que algunos exfuncionarios muratistas ya pusieron “pies en polvorosa” y otros más están a punto de volar, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca auditará el ejercicio 2022 a 12 dependencias estatales.
La lista que es pública pasó desapercibida, pero lleva mensaje implícito para exfuncionarios muratistas.
Recuerden que el nuevo OSFE es ahora del gobernador Salomón Jara Cruz y en los próximos 10 días podrían nombrar al nuevo director o directora, iniciará la fiscalización y revisión dentro de su programa anual a las siguientes dependencias, donde el mensaje es muy claro, figuran en la lista oficial:
-Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
-Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
-Secretaría de las Culturas y Artes
-Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones
-Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad
Órganos Autónomos
-Fiscalía General del Estado de Oaxaca
Organismos Públicos Descentralizados
-Camino Bienestar
-Vivienda Bienestar
-Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
-Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca
-Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
-Sistema Operador de los Servicios de Agua y Alcantarillado
Todas ellas fueron palomeadas por el Mandatario oaxaqueño, pero una de las principales es la que antes se llamó SINFRA, cuyo extitular Javier Lazcano Vargas se habría ido ya al extranjero, ante la posibilidad de que le finquen responsabilidades por las obras inconclusas de Símbolos Patrios, los socavones de la obra llamada circuito interior y el Centro de Convenciones de Huatulco.
Es verdad que el exfuncionario está en el ojo del huracán, aunque antes de irse presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la empresa constructora por incumplimiento en la obra de Símbolos Patrios, pero eso no lo elude de su posible responsabilidad.
La otra dependencia que auditarán y que lleva mensaje implícito es la Secretaría de las Culturas, cuya responsable fue Karla Villacaña, la hija del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Javier Villacaña Jiménez quien tampoco es santo de la devoción del actual gobernador, los traen en la mira junto con el diputado local Alejandro Avilés Álvarez, a quien ni de chiste ha querido reunirse con él en privado a pesar de que el priista le ha solicitado audiencia.
Jara Cruz ha dicho que salvo sea reunión con toda la bancada del PRI, aceptaría dialogar con ellos, pero con el triple AAA ni a la esquina y tiene razón, lamentablemente Avilés es negocio, y eso lo sabe el Mandatario oaxaqueño.
Amén de que le siguen desmembrando a la bancada del PRI que coordina, no tardan en irse otras dos diputadas y a ese paso el Verde Ecologista será más grande.
¡Plop!
Y en el caso de los Villacaña, también van a auditar al anterior CEA, donde el hermano Jorge Villacaña Jiménez, estuvo al frente, por tanto, no serán auditorías de trámites, hay una instrucción de revisarlas palmo a palmo.
Está también lo que antes fue el IOCIFED, cuyo exdirector fue Adolfo Maldonado Fuentes, señalado de diversas irregularidades en la no entrega de apoyos a damnificados de los sismos del 2019, escuelas dañadas que no fueron reparadas, el exfuncionario tampoco ya no vive en Oaxaca.
Y el otro que también ya se habría ido de tierras oaxaqueñas es Gilberto Gamboa Escobar exdirector del Instituto de la Función Registral, luego de que en la “Mañanera oaxaqueña” fuera señalado de múltiples irregularidades por el propio Gobernador, recuerden que es ahí donde se dicta la línea oficial, igual que AMLO desde su púlpito.
Van dos veces que Jara Cruz señala públicamente a Gamboa Escobar de haber recibido moches y cuotas de los registradores y de formar parte del llamado “Cártel del Despojo”, que, por supuesto al haber una investigación jurídica sobre las cabezas visibles de quienes lo integran, ya ni auditorías necesitan hacerles, estarían trabados.
Ello porque la investigación sobre este tema en específico viene desde que Jara Cruz era candidato a la gubernatura y empezó con el caso de los hermanos Conzatti.
Así que es mejor que a quienes el Mandatario oaxaqueño ha señalado públicamente de haber dejado diversas irregularidades contraten buenos despachos jurídicos para su defensa, porque si encuentran evidencias físicas y documental, no duden que aplicarán la ley.
Esa es la instrucción oficial.
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