La también feminista afirmó que la violencia ha sido también de las propias instituciones al impedir su acceso a la educación
La menor de Tututepec, a quien han impedido su derecho a la educación y a una vida libre de violencia, debe ser tratada por el Estado y todas sus instituciones como desplazada al igual que su familia, afirmó la feminista y especialista en derechos humanos, Norma Reyes Terán.
“La menor y su familia deben saber que el enviarla a otra institución educativa, entonces será una familia desplazada, tiene derecho a vivienda, educación, salud y alimentación, y también el Estado debe proporcionarle empleo al irse con su familia y recibir protección”.
Subrayó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), deben por oficio emitir medidas cautelares para la menor y su familia como desplazados en tanto que la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) deben realizar las acciones necesarias para la reparación del daño por violación a sus derechos humanos.
Señaló que el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) tiene la obligación de eliminar de las normas y todo rasgo de discriminación, el uso del pantalón debe ser indistinto, pero tienen que asegurarse que nadie vuelva a a ser discriminado.
Para la experta además de su derecho como desplazada motivada por la violencia que las instituciones y la comunidad que han ejercido en su contra y un proyecto de comunicación para que ninguna niña, adolescente y mujer sea discriminada y violentada, este caso debe motivar a más acciones contundentes en todos los órdenes.
“Es democráticamente deseable que las instituciones, la sociedad civil organizada y las personas tengamos visiones divergentes sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género”.
Puntualizó que nadie puede atemorizarse por eso, al contrario, “habría que elogiar la madurez política de nuestra sociedad, si somos capaces de disentir sin afectar los derechos de terceras personas”.
Sin embargo, enfatizó, el antídoto para nuestros prejuicios e inclinaciones es la objetividad pretendida de quienes toman las decisiones: las diputadas y diputados, los nuevos integrantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado, deben saber que hay material de sobra en los tratados internacionales para orientar su postura, respecto a los derechos humanos de las Mujeres, fundamentalmente a su derecho a vivir sin violencia patriarcal.
Dicho de otra manera, abundó, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública, el IEEPO y las demás instituciones educativas, así como el Congreso del Estado, y el Poder Judicial deberían de estudiar la legislación internacional sobre los derechos humanos de las mujeres.
Expuso que, a lo largo de sus tres siglos de historia, las feministas del pasado y las del presente “hemos tenido que lidiar con voluntades pequeñas de personas de grandes poderes y viceversa: personas sin poder, pero cargadas de voluntad”.
Precisó que “hemos aprendido que para enfrentar la desigualdad y la violencia hacia las mujeres se requiere de decisiones políticas de altura, que sólo se logran con voluntad”.
Por ello, es urgente: “homologar las leyes del estado de Oaxaca y las normas internas de las instituciones públicas y privadas de educación con los Tratados Internacionales y las Leyes Generales en materia de Igualdad y Violencia de Género. Nada más, ni nada menos”.
