Con pancartas y un plantón, padres de familia y personal docente del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO), para exigir soluciones a las crisis administrativa, financiera y de mantenimiento que enfrentan por actos de corrupción.
Denunciaron que en representación de Seculta, una contadora de nombre Ana Llaveros acompañada por José Cruz Medina López y Feliciano Marín Valdivieso avisaron a los docentes que no podían percibir doble sueldo, porque además de dar clases en el CIMO también eran ejecutantes en la la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, la Orquesta Primavera de Oaxaca o la Banda de Música del Estado de Oaxaca.
Además les dijeron que debían elegir entre ser ejecutantes de música o seguir dando clases, que se cotizan en los 47 pesos por hora menos impuestos, y devolver lo que han obtenido por las clases de enero a la fecha.
“A todas luces un atropello, un abuso y una falta de respeto, ya que ser ejecutante y ser docente del CIMO, son dos tipos de actividades y trabajos diferentes que en ningún momento se contraponen”.
Precisaron que estarían dando de baja a 13 profesores, lo que representa el 50% de la plantilla docente.
“Situación que no permitiremos porque ignoramos a quienes pretenden contratar, bajo qué perfiles y con qué intención ya que cómo se imaginarán nadie quiere venir a trabajar por 47 pesos y tampoco estamos dispuestos como padres de familia en dejar a nuestros hijos en manos de gente extraña y que no tenga la formación o experiencia necesaria”.
Añadieron que de forma constante han tenido que suspender actividades ante lo insalubre de los baños ante la falta de agua, las goteras en los salones y la falta de mantenimiento a los instrumentos.
Por ello, pidieron al gobernador Salomón Jara Instalar una mesa de atención para atender nuestros planteamientos, entre los que destaca que se lleve a cabo una auditoría exhaustiva para conocer con claridad los recursos destinados al CIMO.
Además expresaron su preocupación porque personal de Seculta se ha comunicado con los profesores para amedrentarlos, intimidarlos, hostigarlos y amenazarlos para desistir de lo que por derecho legítimo y constitucional podemos ejercer.
Ante esta situación exigieron que cesen las amenazas y se instale una mesa para resolver esta situación.
