*Rechaza Ismael Brito que sea un programa electorero como el de “Los Ninis”, a propósito del proceso electoral federal
*También trabajan en una iniciativa para favorecer a la caficultura que regularía al sector cafetalero en el país
Una iniciativa de ley que actualmente es analizada por la Comisión de Educación del Congreso federal propone que, sin excepción, todos los jóvenes que cursan la educación superior reciban un pago mínimo de 3 mil 112 pesos mensuales al momento de brindar su servicio social en cualquier instancia de gobierno o del sector privado.
La propuesta, que es promovida por el diputado morenista Ismael Brito Mazariegos, sostiene que la propuesta de modificación tiene el objetivo de crear un mayor interés de los jóvenes al momento de compartir sus conocimientos con el empresariado o con el gobierno y, también, garantizar que los estudiantes cuenten con recursos financieros para solventar los gastos generados por aquellas actividades o, bien, por los últimos meses de sus carreras y así eviten caer en deserción.
Brito Mazariegos, legislador por el distrito ocho de Chiapas, con cabecera en Comitán de Domínguez, indicó en entrevista que la proposición busca que los practicantes reciban una remuneración mínima equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), que a la fecha es igual a 103.74 pesos y que aumenta año con año.
Para ello, indicó que se plantea modificar los Artículos 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y el Artículo 137 de la Ley General de Educación.
“Debe haber el interés de la institución, del empresario, (de incentivar a los jóvenes)”, sostuvo el legislador, consultado al respecto.
Rechaza que iniciativa sea electorera
A poco más de un año de la realización de las próximas elecciones federales, que habrán de definir a la sucesora o sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Brito Mazariegos descartó que se trate de una medida clientelar para asegurar el voto de los sectores más jóvenes de la población.
“No puede ser electorero; son en distintos periodos, momentos y tiempos que los jóvenes están egresando y que pueden realizar su servicio social”, argumentó.
De visita en Oaxaca capital, agregó que, para no afectar al sector empresarial, aquella prestación sería deducible de impuestos.
Ley para promover industria del café
Asimismo, el legislador indicó que otra iniciativa promovida por él podría someterse a discusión durante el próximo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, con el objetivo de expedir la Ley de Fomento de la Caficultura.
La norma, que puede convertirse en la primera que regula a todo el sector cafetalero de México, tiene como ejes principales impulsar la actividad productiva, mejorar los canales de comercialización, de exportación y “regular” el coyotaje.
En ese sentido, indicó que 480 municipios de 19 estados del país, incluido Oaxaca, mantienen actividades relacionadas con la caficultura a lo largo de una extensión de 700 mil hectáreas, por lo que es inaceptable que lo hagan sin el respaldo de ningún tipo de ley.
El representante morenista refirió que la nueva legislación, de ser aprobada, crearía un padrón único de productores, comercializadores y exportadores a efecto de meter en cintura a todo el gremio y acabar con prácticas desleales o fraudulentas.
Como ejemplo, indicó que a pesar de que la industria de la cafeticultura mueve 500 mil millones de dólares, sólo debajo del mercado petrolero, los productores mexicanos, en su mayoría, quedan al margen de las grandes ganancias, que se centran en los exportadores y en los “coyotes”.
En la actualidad, agregó, el Poder Legislativo lleva a cabo un proceso de Parlamento Abierto a fin de socializar la propuesta, donde se han llevado a cabo foros en Chiapas, Veracruz, Ciudad de México y Michoacán y próximamente en Oaxaca y Puebla.
“La iniciativa está en comisiones; se va a votar en comisiones y luego nos vamos a el Pleno y eso lo pretendemos hacer en el próximo periodo de sesiones”, señaló.
El diputado chiapaneco reiteró que la falta de una ley que regule al sector provoca que los productores estén sujetos a normas desventajosas promovidas desde las propias instituciones, como es el hecho de que, por disposición de SCT, un cafeticultor solamente puede transportar su cosecha en un área de 25 kilómetros a la redonda de su zona de origen, lo que le impide encontrar mejores mercados.
En los foros realizados hasta el momento, sostuvo que los productores han pedido la implementación de políticas públicas que tecnifiquen al sector, que mejoren el acopio y que permitan una mayor venta.
