El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas acusó al gobierno federal, así como a los de Oaxaca y Chiapas, de retardar de manera alevosa el cumplimiento de la sentencia dictada en noviembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), que le restituye a Santa María y San Miguel Chimalapas 162 mil hectáreas de selva que fueron invadidas por pobladores chiapanecos.
En una misiva, la organización denunció que la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha incumplido con la ejecución de la sentencia debido a su intención de “imponer” un Área Natural Protegida, al tiempo que el gobierno de Oaxaca pretende apoyar a su homólogo del estado vecino en su intento de convertir a los núcleos agrarios Belisario Domínguez y Rafael Cal y Mayor en un nuevo municipio.
Asimismo, los inconformes sostuvieron que las autoridades estatales han dilatado el proceso de ejecución de sentencia, con el argumento de que la SCJN cometió errores al momento de delimitar la zona conformada por las 162 mil hectáreas restituidas, una situación que debe ser resuelta, demandaron, a la brevedad.
“Luego de un año y medio, ha existido una reticencia, activa y pasiva, de parte de los tres gobiernos (de Chiapas, Federal y hasta de Oaxaca) para cumplir y ejecutar, en sus tiempos y términos, la citada sentencia, situación que se ha complicado, tanto por las presiones de la oligarquía y clase política chiapaneca frente a la debilidad y condescendencia de su contraparte oaxaqueña, como por la pretensión del presidente López Obrador de imponer en ese territorio chimalapa recuperado un Área Natural Protegida federal”, reiteró la agrupación en el documento, firmado por Luis Bustamante Valencia, como coordinador nacional.
Ante ello, el organismo demandó que el gobierno de Oaxaca transparente y ponga a disposición de las autoridades comunales y municipales de los Chimalapas, “el expediente completo del peritaje independiente realizado por la perita en geografía y estadística, Celia Palacios Mora, contratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en base al cual se elaboró la Sentencia Definitiva” y donde fueron halladas deficiencias.
Asimismo, que se les dé celeridad a los juicios de nulidad agraria, establecidos en el Tribunal Agrario de Tuxtepec, en contra de los núcleos Rafael Cal y Mayor, Caanan y Gustavo Díaz Ordaz, fundados ilegalmente por pobladores chiapanecos.
También exigieron que sea reinstalada “a la brevedad”, la Mesa Interinstitucional Agraria Ambiental de Los Chimalapas, “del más alto nivel”, presidida por la Secretaría de Gobernación (Segob) y con los mismos actores que participaron en 2011-2012.
Lo anterior subrayó, con el fin de buscar -de buena fe y de forma transparente- el diálogo y los acuerdos requeridos.
De la misma forma, pidió que, así como Oaxaca aceptó firmar con el gobierno de Chiapas un Convenio Amistoso para respetar como territorio chiapaneco partes de los municipios de Arriaga y Tonalá que la sentencia los entrega Oaxaca, de la misma forma se firme un Convenio Amistoso donde Chiapas reconozca como oaxaqueña la extensión territorial de los Chimalapas y que ese convenio sea llevado al Senado de México para darle validez jurídica.
