José Antonio Rueda, exjefe de gabinete del Gobierno de Oaxaca se fue como coordinador de campaña de la aspirante presidencial de la #4T Claudia Sheinbaum y dejó su “cagadero” en los Servicios de Salud, desde semanas antes había estado ausente, salvo el pasado lunes que anduvo por tierras oaxaqueñas con la precandidata de Morena y oficializó su “permiso” al cargo.
Lo preocupante, es que después de que en una entrega anterior de esta columna publicáramos la lista de empresas, en su mayoría factureras a las que les han asignado contratos millonarios que en total ascienden a $57.59 millones de pesos, hasta el momento de las dos facturas que exhibimos, los Servicios de Salud de Oaxaca no cuentan con el soporte que justifique esas compras, dentro de ellas equipo médico, porque fueron “simuladas”.
Se corroboró que una de las empresas a las que los SSO le compró equipo médico la Comercializadora Cangas S.A. de C.V. de fecha 8 de marzo de 2023 con folio fiscal C562B917-BDF2-11ED-8BBD-00155D012007 por un monto total de $10,035,160.00 pesos, con número de contrato es 478/2022 del Programa FASSA 2022 y fue de Equipamiento para el Fortalecimiento del Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” del Estado, habría defraudado al gobierno de Nuevo León.
Resulta que la Unidad Anticorrupción del gobierno de Nuevo León denunció la contratación irregular de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos realizado por los Servicios de Salud de esa entidad del norte del país.
La información publicada en la Plataforma Digital de Milenio de fecha 24 de agosto de 2022 ( https://www.milenio.com/politica/comunidad/revelan-desfalco-32-mdp-servicios-hospitales ), revela que durante los años 2018 al 2021 se celebraron 15 contratos asignados de manera directa a la empresa Comercializadora Cangas, SA de CV por un monto de $73 millones de pesos.
Dicha empresa se ostentaba como distribuidora exclusiva para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos de diversos hospitales; sin embargo, una investigación puso al descubierto que la citada compañía no contaba con la exclusividad a la que hacía referencia.
Lo anterior permitió determinar que Comercializadora Cangas, SA de CV realizó la subcontratación indebida de diversos proveedores, para así garantizar los servicios para los cuales era contratada, generando así un sobrecosto y quebranto de $32 millones de pesos al estado.
¡Qué tal!
La empresa a la que le compraron equipos para el Hospital Civil tiene antecedentes penales por un servicio irregular prestado a Salud en Nuevo León y aun así en Oaxaca ya con la nueva administración la contrataron, es inadmisible.
Y la secretaria de salud Alma Lilia Velasco Hernández, luego de ver publicada la lista de empresas “proveedoras” de los SSO y las dos facturas exhibidas, llamó a su jefe de la Unidad de Servicios Materiales y Generales, Hugo Alberto Espinoza para indagar si esos documentos eran verídicos y si contaban con el soporte.
Pues resulta que la respuesta es que son reales, pero no tienen ni siquiera expediente, no han logrado comprobar los movimientos hechos del 15 al 30 de marzo del 2023 por la cantidad de $57.59 millones de pesos. Es decir, en 15 días pagaron esos recursos.
Un hecho gravísimo que se debe investigar y que, por supuesto en la revisión que realice a finales de año la Auditoria Superior de la Federación saldrá la observación, y si el equipo médico no fue entregado al Hospital Civil, como se presume, puesto que ni las lavadoras han arreglado en ese nosocomio, dicho por los propios trabajadores, estarían en problemas.
Ahora bien.
De las compras también “simuladas” a la empresa Hamilton Trading Strategies hay una factura por $17,657,301.00, viene en la lista de empresas que publicamos en la entrega anterior de esta columna, y en ella incluye la adquisición de un Microscopio para neurocirugía por el cual pagaron más de $7.25 millones de pesos.
El aparato no ha sido entregado por Hamilton Trading Strategies por falta de “pago” de los Servicios de Salud de Oaxaca. Se dice que entregaron una caja vacía para comprobar y cobrar en marzo pasado del 2023.
Los presuntos operadores de dichos movimientos son: Luis y David Jiménez, Noemí Cabrera y el director de Recursos Materiales Hugo Alberto Espinoza, así como David Barreto encargado de la oficina de Inventario de la Oficina del Hospital Aurelio Valdivieso (es quien recibe).
Al corroborar el domicilio fiscal de la empresa Hamilton Trading Strategies, ubicada en calle Manuel García Vigil 83 de la Agencia Donají, nos remite a una casa particular, aquí les compartimos la foto de dicha ubicación del inmueble.
En tanto que el domicilio del administrador único de dicha empresa Nicolás Morales Perea, ubicada en Cofre de Perote 1010 de la colonia Volcanes es la siguiente propiedad privada, juzguen ustedes estimados ciberlectores.
Es importante que el gobernador Salomón Jara Cruz ponga atención en este espinoso asunto en Salud, porque tanto ha cacaraqueado el combate a la corrupción y dentro de su equipo de trabajo en los SSO, hacen compras “simuladas” con empresas “factureras”, debe exigir cuentas a la titular Alma Lilia Velasco Hernández y al propio José Antonio Rueda por andar metiendo las narices donde no debe.
Y aunque ya se fue a refugiar con Claudia Sheinbaum, al menos por 70 días, eso no lo exime de su presunta responsabilidad, porque a boca jarro dijo que él se haría cargo de esa dependencia estatal.
De verdad, el “cochinero” sigue igual o peor que antes.
DE COLOFÓN:
Nada de qué sorprenderse con la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, quien, en una actitud de prepotencia y autoritarismo, despidió, sin justificación alguna, a 20 empleados de ese organismo, varios de ellos hasta con 10 años de antigüedad.
Lo grave de este asunto de despidos injustificados, es que lo hizo para colocar a incondicionales y recomendados de quienes la ayudaron a llegar al cargo, dentro de ellos el sacerdote-activista Alejandro Solalinde Guerra, de quien señalan es el que maneja realmente a la Defensoría.
La señora se subió al ladrillo y con el argumento de que no hay presupuesto, porque su antecesor Bernardo Rodríguez Alamilla le dejó adeudos, pues se le hizo fácil prescindir de las labores de 20 trabajadores que interpusieron demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que Lara Rodríguez responda pagando una liquidación justa.
El presupuesto para este año de la DDHPO alcanza los $41,600,000.00 y los encargados de “gastarlo”, perdón, “administrarlo” son los nuevos servidores públicos con cuestionados antecedentes: Rosa Catalina del Castillo Rosas, directora de Administración; José Antonio Álvarez Hernández, coordinador y René Hernández Reyes, director jurídico, todos ellos y ella, incondicionales de la ombudsperson.
Este martes fue el colmo en la sede de la DDHPO, porque los empleados estuvieron retenidos en su interior por parte de quienes fueron despedidos, al grado de tener que brincarse la barda para poder salir del edificio, jamás antes visto.
Mal comienzo de Lara Rodríguez, pero tendrá que pagar las liquidaciones conforme a la ley, no tiene alternativa o los restituye en sus cargos.
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