*En la mira estaban 13 municipios por ser sancionados con multas que iban de los 300 mil a 800 mil pesos al incumplir con las normas ambientales en el manejo de su basura
*Hay una abierta protección del gobierno de Salomón Jara hacia autoridades municipales de la #4T que han violentado la ley ambiental
El gobierno del estado de Oaxaca destituyó a José Ernesto Ruiz López como titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, luego de que el hoy ex funcionario pretendía sancionar al menos a 13 municipios de la zona metropolitana que eliminan sus residuos sólidos de manera irregular.
El presidente del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), Nasario García Ramírez, afirmó que la Procuraduría había intensificado la apertura de procesos administrativos y la imposición de multas de entre 300 mil y 800 mil pesos, algo que inconformó a las autoridades municipales, principalmente del partido Morena.
El pasado cuatro de julio, Ruiz publicó un vídeo en sus redes sociales en el que anunciaba su renuncia al cargo que le fue conferido en marzo de 2022 por el ex gobernador Alejandro Murat.
El activista sostuvo que entre los últimos municipios que fueron sancionados se encuentran Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa y Oaxaca de Juárez, pero continuaría una lista de más de una decena de ayuntamientos.
“La decisión de cesar a José Ernesto Ruiz fue política porque ya se había decidido a sancionar a más municipios y eso no le convino a las autoridades”, aseguró el defensor del medio ambiente.
García reiteró que prácticamente la totalidad de los municipios metropolitanos recurren a prácticas irresponsables para deshacerse de su basura, a un año del cierre del tiradero de Zaachila.
En ese sentido, precisó que un sector amplio de las municipalidades tira sus desechos sin ningún tipo de separación en cañadas y terrenos, lo que ha agravado la contaminación de mantos freáticos.
Expuso, por ejemplo, que Santa Cruz Xoxocotlán ha enviado su basura a Zimatlán de Álvarez, donde la entierra en zanjas que son abiertas de manera irregular, lo que incluso ha estado a punto de detonar conflictos sociales.
Otro caso que mencionó el activista es el de Ejutla de Crespo, que se deshace de sus residuos sólidos en áreas no aptas para ello.
“Es gravísima la contaminación del subsuelo que actualmente se suscita en los Valles Centrales. Al no disponer de una forma correcta de la basura, la afectación que sufre la tierra es muy grave e irreversible”, condenó.
Planean abrir otro relleno sanitario
A consecuencia de las sanciones que en su momento giró la Procuraduría del Medio Ambiente, indicó que el municipio de Santa María Atzompa ha decidido crear su propio relleno sanitario.
Las autoridades de aquella demarcación contemplan implementar el mismo proyecto que se ha echado a andar en San Andrés Huayapam, a fin de construir una celda de emergencia y una zona de separación de residuos.
Con ello, la autoridad municipal pretende terminar con la conflictividad desatada durante los últimos 13 meses, apuntó.
Oaxaca de Juárez, gasto irresponsable
En sentido opuesto, el ambientalista criticó las determinaciones del municipio de Oaxaca de Juárez que en nueve meses gastó 152 millones de pesos en mandar sus residuos sólidos a otros estados del país.
Con esa inversión, apuntó, la autoridad habría podido haber construido 19 rellenos sanitarios en alguna parte de su territorio y con ello terminar “de fondo” con el problema que aqueja a sus habitantes.
En lugar de ello, García Ramírez añadió que el gobierno municipal se ha dedicado a implementar medidas “cosméticas” que sólo son un paliativo y que “sangrarán” las finanzas del ayuntamiento por tiempo indefinido.
En más al respecto, recordó que el gobierno capitalino seguirá gastando millones de pesos en el traslado de su basura hasta que la autoridad estatal no defina dónde construirá el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), lo cual podría demorar otro año más y elevar el monto gastado en traslado de basura a más de 300 millones de pesos.
Inminente conflicto social
Asimismo, el activista advirtió que las malas estrategias de las autoridades municipales podrían devenir en conflictos sociales y enfrentamientos violentos.
Nasario García recordó que la comunidad de Santa María Zegache, Ocotlán, estuvo a punto de vivir un conflicto con Santa Cruz Xoxocotlán después de que en 2022 descubrieron que la demarcación metropolitana enviaba carros de basura a terrenos de su propiedad.
Así como el caso de Ocotlán, abundó, existen otros donde los municipios invaden a otros para tirar sus residuos, por lo que las acciones de vigilancia que pretendía implementar la Procuraduría del Medio Ambiente tomaban una mayor importancia.
El activista, ante ello, pidió a las autoridades estatales que realicen un trabajo real de supervisión sobre los mecanismos que han implementado los ayuntamientos para deshacerse de su basura a efecto de contener las afectaciones al ambiente y frenar conflictos sociales.
Mientras tanto, a los representantes municipales les demandó asumir sus responsabilidades constitucionales y hacerse responsables del manejo de sus residuos sólidos a través de rellenos sanitarios certificados.
