Con 33 votos a favor y uno en contra, en una sesión extraordinaria que duró menos de nueve minutos, el Congreso local aprobó hoy reformar la Constitución Política de la entidad para desaparecer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y crear en su lugar el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
Con esa determinación, los magistrados que hasta hoy formaban parte de aquella instancia autónoma fueron removidos a efecto de que el gobernador, Salomón Jara Cruz, realice los nombramientos de los personajes que integrarán a la nueva entidad.
Durante la sesión en la que se aprobó en lo General y Particular la modificación constitucional, ninguno de los diputados, ni el proponente, Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política, hicieron uso de la palabra para argumentar el porqué de la medida.
Eso sí, los integrantes del Pleno aprobaron que la reforma fuera discutida de urgente y obvia resolución; es decir, sin turnarla a comisiones.
La sesión en la que se aprobó la reforma duró ocho minutos con 45 segundos.
Las modificaciones
La modificación principal refiere que el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca sustituirá al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y resalta que, por ende, al ser aprobada la reforma y entrar en vigor a través de su publicación en el Diario Oficial del Estado dejarán de surtir efectos los nombramientos de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
Sobre la situación legal de los 11 magistrados destituidos –uno, Raúl Palomares Palomino, renunció esta semana–, se indica que cada uno deberán ser indemnizados de acuerdo con los años que les faltaban para cumplir el tiempo por el que fueron electos, pero que tal liquidación estará sujeta a la suficiencia presupuestaria del propio tribunal.
Asimismo, se acordó que en un plazo máximo de 60 días el Poder Legislativo deberá emitir la Ley Orgánica que guiará el destino de aquella instancia, constitucionalmente autónoma.
Se establece que el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca estará conformado por una Sala Superior, integrada por tres magistrados, y cuatro salas unitarias, cuyas magistraturas permanecerán vacantes hasta que el Poder Ejecutivo designe a las personas que ocuparán tales puestos y que deberán ser ratificadas por el Congreso.
Para designar a alguien, el Gobernador únicamente deberá presentar una “justificación de idoneidad”.
Magistrados destituidos
Los magistrados destituidos con la reforma son Manuel Velasco Alcántara, Elías Cortés López, Gloria del Carmen Camacho Meza y Paulo Tapia Palacios.
Además, Abraham Santiago Soriano, titular de la Primera Sala Unitaria; Javier Martín Villanueva Hernández, titular de la Segunda Sala Unitaria, y Tania Ramos Martínez, titular de la Tercera Sala.
También, la titular de la Cuarta Sala Unitaria, Alejandra Georgina Villacaña Abascal; Quinta Sala Unitaria, Virginia Hernández Hernández; Sexta Sala Unitaria, Camelia Gaspar Martinez, y de la Sala Especializada, Eduardo Calvo Ziga.
La mayoría de los involucrados cuentan con afinidad con el ex gobernador Alejandro Murat.
Prevén que caso llegue a la Corte
En Veracruz, en octubre de 2022, con una medida idéntica a la de Oaxaca, el Congreso local también desapareció el Tribunal de Justicia Administrativa (Tejav) y creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).
Sin embargo, menos de tres meses después, en enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de manera provisional aquella determinación.
El máximo tribunal del país consideró que la acción del Poder Legislativo veracruzano fue una afectación a la garantía constitucional de la independencia judicial del Tribunal.
La Corte ordenó dejar sin efecto el “despido y liquidación” de los magistrados nombrados en 2017, cuando se creó el órgano, y dejar sin efecto el nombramiento de seis nuevos magistrados que se hizo el 20 de diciembre del 2022.
Para lograr esa designación, los diputados establecieron un artículo transitorio en el que determinaban que con tras la extinción del órgano, se concluía el periodo de nombramiento de los cuatro magistrados, y para indemnizarlos bastaba con liquidarlos con tres meses de salario.
