Enfrascados en una soberbia y autoritarismo que los ciega, desde el secretario de gobernación, Jesús Romero López; el secretario de seguridad pública, Iván García hasta la del secretariado ejecutivo, Karina Barón Ortiz viven en otro mundo, en el de color de rosa donde no pasa nada, mientras el estado se convulsiona con más de 648 crímenes en una guerra entre cárteles.
Cero políticas públicas para la prevención del delito, nada que pueda frenar la grave violencia que azota a Oaxaca, incluyendo los feminicidios con 75 casos, contando la de ayer Bahía Tembo, Pochutla, en los ocho meses del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz, pero nada los conmueve, están en su luna de miel y la curva de aprendizaje aún no termina, esa que ha costado tantas vidas.
Y la falta de recursos no es el pretexto para decir que por ello no han logrado frenar la ola delictiva en territorio oaxaqueño, porque el pasado 15 de febrero de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gobernadores, incluyendo al de Oaxaca signaron el convenio con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para la transferencia de recursos, a la entidad le tocaron $242 millones de pesos.
En esa reunión estuvo presente el entonces secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales quien explicó que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con Entidades Federativas 2023 (FASP) es el recurso que la Federación transfiere a los estados para garantizar la efectividad de la estrategia nacional de seguridad pública con base en las ocho prioridades nacionales definidas en el Consejo Nacional de Seguridad, realizado en el mes de diciembre de 2022.
Las prioridades son: la dignificación del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, la certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales; la infraestructura de las instituciones; el sistema de estándares de trabajo y rendición de cuentas de las personas encargadas de la seguridad pública,
Así como la prevención de la violencia y el delito; la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, con perspectiva de género; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes y el Sistema Nacional de Información.
¡Qué tal!
A cinco meses de la firma de ese convenio, díganme ustedes estimada audiencia, ¿hay combate a la inseguridad?, ¿tenemos resultados en los estándares de los diversos delitos de alto impacto?
No hay una sola disminución de los delitos más álgidos, somos el tercer lugar nacional en asesinatos de mujeres, y eso “no lo dije Yo” (como dice AMLO), lo arrojan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
¡Ah!, pero para el gobierno de Oaxaca, las políticas públicas para fomentar la cultura de la paz, la seguridad, la legalidad y la gobernabilidad forman parte del eje estratégico para lograr un nuevo pacto social, el cual va de la mano con la política nacional en materia de seguridad.
Eso es falso, día a día vivimos con el Jesús en la boca de regresar sanos y salvos a casa, pregúntenle a las y los juchitecos cómo viven en un estado de sitio, al grado de que los delincuentes ya arrojan granadas de fragmentación casera a los negocios o en la capital oaxaqueña, a un cajero de un banco lo intentaron sustraer también con un explosivo.
A qué grado hemos llegado, mientras las y los funcionarios de seguridad se la pasan tomándose la selfie, dando cifras alegres, incluso con el asunto del fentanilo se vieron obligados a recular y aceptar que sí lo hay en Oaxaca, como ya lo hizo también el presidente Andrés Manuel López Obrador al asentar que sí se fabrica en México.
Es muy grave lo que estamos viviendo, por ello es importante que el gobierno de la #4T en Oaxaca se ponga las pilas, cumpla con el convenio de seguridad que firmó y aplique los principales ejes para los que pidió el dinero para mantener la paz y la tranquilidad en Oaxaca, porque ninguno de los estándares ha cumplido.
¿Y el dinero?, son $242 millones de pesos, ¿dónde están?, vamos, ni a la “florero” de la Secretaría de la Mujer, Elisa Zepeda se le ha visto acciones contundentes en favor de las mujeres, solo discurso y una feria de ventas de artesanías en Santa Lucía del Camino, ¿a poco eso disminuye los feminicidios?
No sabía que ahora dentro de las responsabilidades de la Secretaría de la Mujer, esté la organización de ventas de artesanías, qué raro ¿no?
Pues mientras nuestros flamantes servidores públicos pierden el tiempo en tareas que no son de su competencia ni su responsabilidad, en Oaxaca la ola de violencia sigue imparable y los crímenes no bajan.
DE COLOFÓN:
¡Si no tienen dinero, no festejen cumpleaños!
A este espacio nos envían una denuncia-queja por parte de trabajadores de confianza del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) en contra de su directora Verónica Hernández, quien el pasado 1 de agosto celebró su cumpleaños, claro que ello no tendría nada de malo, el problema es que les pasó la “charola” a directivos y mandos medios para festejarse.
Los afectados señalan que la funcionaria educativa de la #4T se ensañó principalmente con el personal que labora en Dirección General, directores, subdirectores y coordinadores de los más de 200 planteles que hay en la entidad oaxaqueña, a quienes les exigió la “cuota” que van de $1500 pesos hasta $2500 pesos para celebrar su onomástico.
Muy molestos por lo que consideraron es un abuso por parte de la directora en mención, piden la intervención directa del gobernador Salomón Jara Cruz para que meta freno a todas las arbitrariedades que se vienen registrando en esa institución educativa de nivel medio superior.
También señalan que por indicaciones de la Dirección General todas las cafeterías y casetas que tengan interés de vender al interior de los planteles ahora pagan derecho de piso, renta mensual que va de $4000 mil a $6000 mil pesos, lo que anteriormente no sucedía, solo pagaban una cuota módica y ahora obligan al estudiantado a comprar en esos “negocios”.
Hoy, denuncian, desde la humilde vendedora de empanadas, dulces o antojitos, tiene que pagar la cuota mensual y la mayoría ha preferido mejor retirarse, puesto que no ganarían ni para pagar el derecho de piso mensual.
Así las cosas, en la nueva administración del COBAO que encabeza Verónica Hernández, ojalá revisen el asunto porque se van a llevar muchas sorpresas.
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En otro asunto de funcionarias de la #4T, a la polémica secretaria de turismo, Saymi Pineda Velasco, todo parece indicar que la bajaron de la contienda para el Senado de la República, luego del escándalo sobre el adeudo por casi $6 millones de pesos a la empresaria en la región de la Costa Karla María Isla Gómez.
En los pasillos de la Secretaría de Turismo se comenta que fue el mismo gobernador Salomón Jara Cruz quien salió al quite para resolver el problemón sobre la deuda contraída por su funcionaria, cuando andaba en campaña y habría tenido que pagar ese dinero, pero a cambio, la servidora pública seguirá en esa institución.
Y aunque no lo reconocen como tal, también otro de los asuntos que influyó para esta decisión oficial, es que la Guelaguetza 2023 no arrojó los resultados esperados, como quisieron que penetrara en la opinión pública, han sido los propios comerciantes que participaron tanto en la Feria del Mezcal como en la Feria Artesanal quienes se quejaron acremente de no haber vendido, vaya, la mayoría no sacó ni lo que invirtieron.
Un verdadero fiasco, porque además de que en los comideros instalados en el Parque El Llano, los platillos estaban super caros, una empanada de amarillo la vendían hasta en $80 pesos, y muchos comensales preferían irse a degustar los hot dog de los carritos que estaban en las afueras de dicha Feria Gastronómica.
Lamentablemente, faltó mucha promoción y organización, miren que llenar el Auditorio Guelaguetza de acarreados a última hora, habla de que Saymi Pineda no sabe de la responsabilidad que ostenta al frente de la SECTUR.
La que está mega feliz es Laura Estrada Mauro, que, aunque su condición de salud no es la mejor, se prepara para ir en busca de la candidatura al Senado de la República.
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