Una decena de organizaciones no gubernamentales manifestaron hoy su preocupación por la alta conflictividad y violencia que se vive en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, atentan contra la población civil con el consentimiento de los tres niveles de gobierno.
Muestra de esa violencia exacerbada en la entidad, son los altos niveles de violencia feminicida que privan en las ocho regiones y que colocan a Oaxaca dentro de los cinco estados más peligrosos para el sector femenino, así como el registro de 47 defensores de derechos humanos asesinados entre 2018 y 2022, la mayor cifra de la que se tenga datos en el país.
En el mismo sentido, las agrupaciones sostuvieron que la denominada “política pública de paz” desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, pues ha marginado a la sociedad civil de cualquier análisis o mecanismo para modificar la ruta de las actuales políticas públicas.
“La disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno”, refirieron.
Las organizaciones que se pronunciaron fueron el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH)-Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)- Oaxaca, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Chiapas, Derechos de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)-Chiapas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)-Chihuahua, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)-Jalisco, Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios-Coahuila, Aluna Acompañamiento Psicosocial-CDMX y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)-Ciudad de México.
Aquellos organismos celebraron en Oaxaca capital, del 4 al 6 de octubre, el encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, en el marco del Programa Servicio Civil para la Paz.
Las agrupaciones resaltaron que las deficiencias de seguridad parten desde la administración pública federal, a la que también hicieron diversos llamados: “Exigimos al Estado Mexicano a actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
“Exigimos al Estado Mexicano que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación Integral con la participación efectiva de las victimas y tomar como acción de primer orden la atención a la situación de violencia feminicida”.
Frente a las violaciones a los derechos humanos, hicieron un llamado a la sociedad civil “a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando Paz y Justicia desde la colectividad, para el fortalecimiento de las formas de articulación social los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general”.
Al mismo tiempo, condenaron que el actual gobierno federal no sólo haya respaldado sino que haya intensificado la militarización de los cuerpos policiacos del país, pues ello lejos de resolver la problemática la ha agudizado.
“La política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordamos que la paz no se construye solo con voluntad; requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica”.
También criticaron la falta de mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria, que está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñez.
