Un grupo de abogados de Oaxaca anunció la implementación de una serie de recursos con el objetivo de frenar los abusos policiacos que se han registrado durante los últimos meses en diversas municipalidades de la zona metropolitana de Oaxaca y de la región de Valles Centrales, donde efectivos policiacos han despojado de unidades de motor, ya sea vehículos de cuatro ruedas o motocicletas, a cientos de ciudadanos sin una justificación legal.
Los especialistas se pronunciaron en contra de la retención de placas, licencias y el aseguramiento de las unidades de motor y demandaron a la autoridad estatal, que encabeza Salomón Jara Cruz, intervenir con el objetivo de frenar los abusos que cometen los agentes, tanto de investigación, como de la Policía Estatal y de las policías municipales.
En conferencia de prensa, los abogados narraron al menos dos actos ilícitos suscitados en distintas fechas en la ciudad de Oaxaca, uno ocurrido durante las vacaciones de Semana Santa y otro durante el pasado 20 de octubre.
En el primer hecho, un turista proveniente de Puebla fue abordado en el centro de la ciudad de Oaxaca por presunto personal de una aseguradora, quien en colusión con elementos de la Agencia Estatal de investigaciones (AEI) acusó al visitante de conducir un vehículo robado.
El trabajador del seguro se identificó como del área de recuperación y al afirmar que se trataba de una unidad hurtada, pidió la intervención de la AEI, cuyos presuntos elementos se desplazaron a la zona y amenazaron al ciudadano con llevar a cabo su detención si no permitía el decomiso del vehículo.
Un segundo caso se suscitó en jurisdicción de Santa Rosa Panzacola el 20 de octubre, cuando un matrimonio fue despojado de su vehículo por un elemento de vialidad, quien le marcó el alto únicamente por el hecho de tripular una unidad con placas foráneas.
Al atender la indicación, el efectivo aseveró que la unidad contaba con reporte de robo por lo que tenía que asegurarla.
En el momento en que los ciudadanos cuestionaron la acción policiaca, el elemento amagó con arrestarlos por resistencia a la autoridad y presentarlos ante el Ministerio Público.
Asimismo, denunciaron la ilegalidad de las decenas de operativos implementados en diversos municipios de la zona urbana donde elementos viales sin protocolos y sin sustentos legales, llevan a cabo el decomiso de cientos de motocicletas a la semana.
Las acciones policiacas atentan de manera flagrante, sostuvieron los abogados, en contra de la movilidad y libre tránsito; el principio de federalismo; la protección máxima e interés superior de la niñez (derecho de niñas y niños a no ser molestados de manera innecesaria); legalidad jurídica (si no está regulado por la ley es abuso de autoridad: la desposesión de un bien sin orden judicial es despojo es decir delito).
Además, los policías cometen delitos como el uso desproporcionado de la fuerza pública, abuso de autoridad, retención ilícita, apología de delitos, usurpación de funciones y atentan contra el derecho a defender derechos humanos (criminalización de la defensa de derechos y persecución, filmaciones y fotografías sin consentimiento).