El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) demandó hoy a los gobiernos estatal y federal cumplir con las medidas cautelares emitidas el pasado primero de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y garantizar la integridad de las y los ciudadanos triquis desplazados de Tierra Blanca Copala.
La organización no gubernamental solicitó, también, la articulación de una ley general para atender el desplazamiento forzado interno de personas, que se suscita de forma reiterada en Oaxaca.
El Cedhapi señaló que la CIDH, en la resolución 62/2023, otorgó medidas cautelares a 144 familias y 504 personas del pueblo indígena triqui de la comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas, desde diciembre de 2020 tras una serie de ataques armados en la localidad.
La resolución demanda al Estado mexicano la adopción de las medidas necesarias y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina de Yosoyuxi Copala.
“En particular, se solicita adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera seguro a su comunidad”, explicó la organización.
Además, el organismo internacional solicitó llevar a cabo y notificar el tipo de medidas que serán implementadas en beneficio de las personas contempladas dentro de la emisión de medidas cautelares, así como investigar los presuntos hechos que dieron lugar “a la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
Si bien la CIDH sostuvo comprender las dificultades inherentes a la situación, “reitera que la impunidad y la falta de acción para investigar y sancionar actos de violencia pueden tener graves consecuencias e incluso provocar la repetición de estos hechos”.
Agregó: “Por lo tanto, se insta al Estado a buscar soluciones efectivas, y colaborativas que permitan el esclarecimiento de los hechos delictivos sin poner en peligro la integridad, convivencia y cosmovisión de las comunidades involucradas”. Apuntó que en ese contexto de conflictividad, es crucial subrayar que “el Estado tiene el deber de desplegar el máximo de sus esfuerzos para lograr el dialogo pacifico y arribar a acuerdos de buena fe, garantizando su implementación.
Asimismo, la CIDH llamó a los grupos que “hacen uso de la fuerza armada, respetar la vida e integridad de las personas propuestas beneficiarias”.
