Organizaciones no gubernamentales condenaron este día que la nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, avalada por el Congreso estatal en septiembre pasado, haya suavizado las prohibiciones en la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra para menores de edad, además de dejar vacíos legales en otros rubros relacionados con el resguardo de la integridad de aquel sector poblacional.
Encabezadas por Consorcio para el Diálogo Parlamentario, diversas organizaciones no gubernamentales refirieron que, entre otras cosas, la nueva normativa cercenó la reforma hecha en 2020 y que había logrado que los establecimientos comerciales dejaran de distribuir golosinas y refrescos entre niños y adolescentes.
Luego de la votación del Congreso –el pasado 20 de septiembre– el decreto con la nueva ley fue publicado en el Periódico Oficial de Oaxaca el siete de octubre, con lo que quedó anulada la reglamentación anterior.
En ese sentido, los activistas indicaron que la nueva ley únicamente prohíbe la venta de comida chatarra en escuelas del nivel básico.
Ante ello, los defensores demandaron la derogación de la ley,
“Como organizaciones con experiencia y larga trayectoria en la materia, nos encontramos profundamente desconcertadas e indignadas por la forma en que se operó la aprobación del proceso de construcción de la Ley, pues si bien se nos convocó a algunas reuniones de trabajo por parte de la diputada Xochil Jazmín Velásquez Vásquez, se le hicieron saber diversas preocupaciones y propuestas a mejorar, sin embargo dicha ley las dejó de lado y se aprobó sin un estudio a conciencia del enfoque de derechos”, sostuvo Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
Mientras en Oaxaca se aceptó levantar las restricciones, el Senado de México promovió que los lugares para tales acciones quedaran acotados.
“El Congreso debió establecer de forma irrenunciable una ruta seria y amplia para armonización de todo el marco normativo legal que genere una real protección de niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca, de ahí que resulta urgente que esta ley a todas luces regresiva, sea derogada para evitar que se genere un colapso de alto impacto en perjuicio de las niñeces y adolescencias”, agregó.
“Queremos hacer mención de que al conocer el texto de la nueva ley, se hizo del conocimiento al presidente del Congreso, Luis Alfonso Silva Romo, de la gravedad de dicha aprobación, a lo que hizo caso omiso y se lavó las manos, al igual que el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez, quien también hizo caso nulo.
“Hacemos un llamado enérgico a la LXV Legislatura cuyo mandato es garantizar la protección de la población oaxaqueña y en especial de niñeces y adolescencias a establecer una ruta seria para corregir la grave violación a derechos humanos de niñeces e infancias que lleva consigo la nueva Ley”
Las agrupaciones inconformes indicaron que la ley alude a la prohibición de la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en educación básica; sin embargo, es necesario precisar que la persona legisladora reduce los espacios de prohibición con este concepto.
“La educación básica acuña únicamente la educación preescolar, primaria, y secundaria, ignorando el nivel media superior y superior. Es imperativo que la persona legisladora mire hacia la totalidad del sistema educativo, pues es notorio que dentro del nivel media superior asisten adolescentes a quienes todavía existe la obligación del Estado de proteger y velar por su bienestar.
“También es oportuno enfatizar que la redacción de la ley se desprende que es obligación de las madres y padres de familia, así como de cuidadores y tutores, la responsabilidad sobre el consumo de comida chatarra en las infancias, sin embargo, es necesario precisar que el Estado en su conjunto es el ente responsable de la regularización en distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico velando siempre por el interés superior de la infancia.
Por último, agregaron, no se contemplan todos los actores de distribución, venta, regalo y suministro, así como las sanciones para ello, como lo son los encargados o propietarios de establecimientos en donde se venden o suministran alimentos no saludables en todo el estado de Oaxaca.
Otras irregularidades detectadas en toda la normativa, subrayaron, refiriéndose a otros rubros, son el no reconocimiento de las niñeces y adolescencias indígenas o afromexicanas conforme al pluralismo jurídico, la falta de lenguaje incluyente y no sexista.
Además, en cuanto a la legislación en protección de la violencia entre la niñez y adolescencias, la ley contempla limitadamente únicamente unos cuantos tipos de violencia dejando de lado el acoso o bullying cibernético si no incluye contenido sexual, asi como los efectos en el desarrollo sexual y psicoemocional que involucra haber sobrevivido ante una violencia sexual.
“Sobre la explotación infantil cabe resaltar que el trabajo infantil no existe, sino se trata de trabajos de personas adultas que utilizan a las niñas, niños y adolescencias y les emplean en alto nivel de explotación y discriminación. Dicha Ley lo denomina de manera incorrecta válida justifica y legitima su existencia”.
